Avanza la construcción del nuevo modelo de vigilancia

Avanza la construcción del nuevo modelo de vigilancia

Avanza la construcción del nuevo modelo de vigilancia

La magistrada presidenta Maricela Reyes Hernández, durante la entrevista en la que detalló los retos y el nuevo modelo evaluativo del tribunal.

Gerardo Carmona
Enero 15, 2026

A poco más de cuatro meses de su instalación, el Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México avanza en la construcción de un nuevo modelo de vigilancia, evaluación y control del desempeño de magistradas, magistrados, juezas y jueces, surgido a partir de la reforma al Poder Judicial que extinguió al Consejo de la Judicatura y separó las funciones administrativas de las disciplinarias.

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La presidenta de este nuevo órgano del Poder Judicial estatal, la magistrada Maricela Reyes Hernández, explicó en entrevista con La Jornada Estado de México que el Tribunal de Disciplina Judicial nació como una institución sin estructura previa, sin personal propio y con una carga inmediata de trabajo heredada del antiguo sistema, lo que obligó a una reorganización acelerada para asumir funciones clave en materia de responsabilidades administrativas, conflictos laborales y evaluación del desempeño judicial

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Tras rendir protesta el 5 de septiembre del año pasado, recordó, los cinco magistrados que integran el tribunal comenzaron labores sin oficinas propias ni equipo, recibiendo del Órgano de Administración, de manera inmediata, mil 401 expedientes relacionados con procedimientos disciplinarios de servidores públicos con función jurisdiccional, distribuidos en cuatro regiones: Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Ecatepec

A diferencia del nuevo Órgano de Administración Judicial, que absorbió casi intacta la estructura administrativa del extinto Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Disciplina Judicial debió formarse desde cero. Su función principal es vigilar la conducta de quienes imparten justicia, investigar posibles responsabilidades administrativas y resolver procedimientos disciplinarios, además de conocer los conflictos laborales entre el Poder Judicial y su personal jurisdiccional.

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Reyes Hernández subrayó que uno de los cambios centrales de la reforma es la creación de la Unidad de Evaluación del Desempeño, a la que calificó como “el corazón” del nuevo modelo judicial. A través de esta unidad se evaluará, por primera vez de manera sistemática, el trabajo de las personas juzgadoras electas, con criterios objetivos, medibles y verificables.

“El objetivo principal de estos lineamientos es que la impartición de justicia realmente cumpla con los parámetros constitucionales: mayor transparencia, mayor profesionalismo, una ética verdaderamente consolidada y una cercanía hacia la ciudadanía. Eso es lo que buscaba esta reforma judicial: que la impartición de justicia, que las personas juzgadoras a través de sus sentencias, tengan un mayor acercamiento hacia las personas”, explicó.

De acuerdo con los lineamientos aprobados recientemente, la evaluación del desempeño se realizará con base en seis indicadores: conocimientos y competencias técnicas; conducta judicial; gestión de recursos humanos y materiales; productividad; capacitación y desarrollo profesional; y satisfacción de las personas usuarias del sistema de justicia. Cada indicador tendrá un peso específico y se complementará con exámenes teórico-prácticos aplicados por la Escuela Judicial.

La magistrada precisó que estas evaluaciones no revisarán el contenido de las sentencias ni interferirán en la independencia judicial, sino que analizarán aspectos como la fundamentación, motivación, congruencia, exhaustividad y oportunidad en la emisión de resoluciones, así como el trato a las personas usuarias y la administración interna de juzgados y salas.

Las primeras visitas de supervisión comenzarán en febrero y el proceso ordinario deberá concluir en septiembre, cuando las 84 personas juzgadoras electas, entre magistradas, magistrados, juezas y jueces, deberán haber sido evaluadas. En los casos en que el resultado no sea satisfactorio, se prevén medidas de fortalecimiento, principalmente capacitación especializada, antes de aplicar cualquier tipo de sanción.

“Este modelo no busca castigar, sino mejorar la impartición de justicia”, sostuvo Reyes Hernández, y explicó que sólo en casos de reincidencia o falta de mejora tras evaluaciones extraordinarias podrían imponerse sanciones disciplinarias. Incluso entonces, las personas evaluadas podrán inconformarse y solicitar revisión ante el pleno del tribunal.

Otro de los grandes retos, reconoció, es la formación y consolidación de su Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas. Parte del personal proviene de la antigua Contraloría del Poder Judicial, lo que ha implicado un proceso de reentrenamiento para abandonar prácticas meramente administrativas y adoptar una lógica propiamente jurisdiccional en la integración de expedientes.

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La presidenta del Tribunal admitió que una de las principales debilidades históricas en los procedimientos disciplinarios era la deficiente investigación, lo que derivaba en la concesión de amparos. Por ello, señaló, se trabaja en fortalecer la formación técnica del personal investigador, centrar las indagatorias en hechos concretos y evitar desviaciones que debiliten los procedimientos.

En paralelo, el Tribunal de Disciplina Judicial también asumió la resolución de nuevos conflictos laborales entre el Poder Judicial y su personal jurisdiccional, una atribución que anteriormente correspondía al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Aunque no heredaron expedientes en esta materia, ya comienza a conocer procedimientos de cese y controversias laborales iniciadas tras la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica.

Reyes Hernández consideró que, pese a las dificultades iniciales, el tribunal sentará las bases de un sistema más transparente, profesional y cercano a la ciudadanía. Afirmó que el objetivo es dejar un órgano consolidado, con personal capacitado y criterios claros, capaz de garantizar que la disciplina judicial no sea un mecanismo de control político, sino una herramienta para fortalecer la confianza pública en la justicia.

Con esta nueva arquitectura institucional, el Poder Judicial mexiquense entra en una etapa inédita, en la que la evaluación permanente, la rendición de cuentas y la vigilancia especializada se convierten en ejes centrales del sistema, bajo un modelo que, de acuerdo con su presidenta, busca corregir inercias del pasado sin vulnerar la independencia de quienes imparten justicia.

PAT

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