Campañas adelantadas ¿Y dónde está el árbitro?

Las actividades de los partidos políticos, orientadas a seleccionar a quienes ocuparán las candidaturas a gobernar el Estado de México, se han intensificado en las últimas semanas. Se ha podido ver a las dos coaliciones potencialmente contendientes: Va por México (PRI, PAN y PRD) y Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM) con un intenso proselitismo interno y externo, para posicionarse positivamente frente al electorado, desde antes del inicio de las precampañas electorales.

Mientras todo eso ocurre ¿qué hace el árbitro electoral local? El IEEM se escuda en que toda investigación relacionada con gastos generados por actividades de los partidos es facultad exclusiva del INE, a quien compete la fiscalización de pre campañas y campañas. Con este pretexto, asume una actitud pasiva y omisa que, casi siempre, históricamente ha beneficiado al PRI y a sus aliados.

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Esto no debería ser así porque hay herramientas legales para impedirlo. El artículo 185 del Código Electoral mexiquense faculta al Consejo General del IEEM para investigar todo lo relacionado con los partidos políticos.

La fracción “XI” de ese artículo le atribuye la función de vigilar que las actividades partidarias se desarrollen con apego al Código y la fracción “XIX” obliga al IEEM a supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos. Por si esto no fuera suficiente, la fracción “L” del mismo Código faculta al Consejo General para requerir a la Junta General del IEEM que investigue hechos que pudieran afectar de modo relevante el proceso electoral.

Sin embargo, en una interpretación interesada de ese artículo, el Consejo General del IEEM ha evitado siempre ejercer esa última facultad, porque generalmente los que realizaban esas actividades ilícitas eran el PRI y el gobierno estatal, para beneficiar a ese partido. Por lo tanto, lo que menos le interesaba al órgano electoral era molestar a quienes realmente mandaban ahí. En este contexto, su postura siempre fue omisa ante las evidentes violaciones a la ley electoral.

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Esta inercia institucional se ha mantenido. A pesar de que quienes aspiran a la candidatura en el PRI, PAN y Morena, especialmente, están en constantes actividades proselitistas, no se aprecia por ningún lado al árbitro electoral local, investigando tales hechos. De manera muy cómoda siempre responde que vayan a la siguiente ventanilla: las oficinas de los tribunales o las del INE, para que él siga instalado en su zona de confort.

Esta postura permisiva de las autoridades del IEEM ha lesionado seriamente la integridad de las elecciones mexiquenses. Ha propiciado condiciones desiguales en la competencia electoral. Por lo general, ha sido tolerante hasta el exceso con los abusos del PRI, antes y durante las campañas electorales. En 26 años de existencia el IEEM nunca ha ejercido las funciones de investigación. La fracción “L” del artículo 195 es letra muerta, como tantas otras de la legislación electoral.

Ya es momento de que el órgano electoral abandone esa postura comodina que solo ha beneficiado a las nomenclaturas partidistas, especialmente a la del PRI. Si el IEEM quiere organizar comicios íntegros tiene que ejercer todas sus facultades, para que haya equidad en la competencia electoral. Hasta ahora, el IEEM solo ha organizado comicios, casi siempre para beneficiar al PRI. En el contexto actual, ese modelo es disfuncional. Ya no se requiere un administrador, sino un árbitro real de las contiendas electorales.