Claroscuros

El próximo miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a la mitad de su sexenio con políticas públicas que nadie le puede escamotear, pero también con acciones que sí se le pueden cuestionar. No hay en el mundo un gobierno que se pueda catalogar de cien por ciento pulcro y que no merezca ser tocado ni con el pétalo de una crítica. 

Son dos las banderas que fincó el gobierno en estos poco más de mil días como el eje vertebral sobre las que girarían el resto de sus acciones: el combate a la corrupción, traducido como la semilla de todos los males que aquejan al país y la lucha contra la pobreza y desigualdad, enmarcado bajo el eslogan de primeros los pobres. 

Políticas públicas y acciones de gobierno con las que nadie o muy pocos podrían estar en desacuerdo fueron implementadas desde el primer día de la administración lopezobradorista: se puso fin a los lujos y dispendio con el que se veían beneficiados quienes formaban parte del aparato burocrático. Se les cerró la llave de los recursos públicos a esos funcionarios que hacían del derroche su modus vivendi. 

En estos primeros tres años de Gobierno se reformó la Constitución para elevar a rango constitucional los programas sociales que buscan, desde la óptica gubernamental, mitigar los efectos de la pobreza, pero principalmente tratar, aunque sea de manera incipiente, de redistribuir la riqueza entre los más necesitados y vulnerables de la sociedad. 

Son apenas dos mínimos ejemplos de lo que se le debe reconocer a la administración federal que llega a la mitad de su camino. Hay quienes en esos dos casos también señalan o encuentran deficiencias. Válidas y respetables las opiniones. Pero nadie en su sano juicio podría estar en contra de la lucha contra la corrupción u oponerse a que los más desprotegidos sean alcanzados por alguno de los programas sociales puestos en marcha desde la federación. 

No obstante, también hay aspectos criticables o cuestionables respecto al accionar gubernamental. Uno de ellos, distintivo de la casa desde el primer día de la administración, es la polarización que se ha hecho de la sociedad. El confrontar y descalificar a los adversarios durante prácticamente los 30 meses de administración, sin el mínimo ápice de tender puentes para una mejor gobernabilidad, se entiende, pero no se justifica. 

La única lógica que hay detrás de esta insistencia en dividir a la sociedad en buenos y malos o en liberales y conservadores, es la necesidad de adoctrinar y convencer a los electores de que dentro de tres años vuelvan a votar por los “buenos” para consolidar este proyecto llamado cuarta transformación. 

En la lucha contra la corrupción, se puede criticar que hay muchos señalados, pero pocos castigados. Se machaca a diario sobre el daño que los corruptos le hicieron al país, pero ningún pez gordo está tras las rejas pagando su abuso. Y por lo que hace a la lucha contra la desigualdad, se borraron de un plumazo fideicomisos y programas de asistencia social, bajo el argumento, una vez más, de que en ellos había corrupción. Tampoco nadie fue castigado. En muchos casos pagaron justos por pecadores. 

Inicia el segundo tercio de la administración. Es tarea de todos acompañar al gobierno en las acciones que beneficien a la sociedad, pero también de señalar aquello que se considere la puede afectar. 

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