El combate a la corrupción; la hidra de mil cabezas

Durante esta semana, distintas instituciones organizaron conferencias, mesas de análisis y eventos de promoción para incentivar una cultura que combata a la corrupción que nos aqueja. Se trata de un esfuerzo colectivo en donde la UAEMéx tiene un rol muy activo, a través de su Facultad de Ciencias Políticas en la que gravita la coordinación impulsada por el Dr. Gabriel Reyes, a la que en esta ocasión se sumó la Universidad Autónoma Metropolitana con sede en Lerma que auspicio algunos eventos, coordinados por la Dra. Gabriela Martínez Tiburcio. A estas instituciones académicas, se integra el soporte del IAPEM y del propio INFOEM, se trata pues, de un esfuerzo colectivo digno de secundar e institucionalizado en el futuro.  

No pretendo hacer una relatoría del mismo, pero si destacaré dos o tres ideas que fueron muy recurrentes durante la semana: México registra importantes avances en el proceso de institucionalización de normas, procedimientos y uno de los mejores marcos regulatorios del mundo; sin embargo, las resistencias de la clase política para aceptar y respetar dicho marco normativo, expresa la condición estructural del fenómeno; el riesgo del retroceso en la materia, proviene en buena medida del uso partidario de los ciclos electorales para usar esta agenda de combate a la corrupción como acto propagandístico, pero luego ya en poder, volver a repetir las conductas denunciadas.  

Una de las pocas alternativas para evitar que los avances logrados se detengan o involucionen, lo constituye la necesaria participación ciudadana ajena al poder constituido, para escudriñar la información pública, someterla a su evaluación y de ser el caso, denunciar las conductas irregulares que al menos permitan someter a presión pública a los actores involucrados. Ejemplos en este sentido hay muchos y a todos nos conviene que se sigan presentando, pues el musculo ciudadano requiere ser ejercitado para fortalecer los controles democráticos del poder público. 

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Hace unos meses, Jaime Torres Fragoso publicó en Opera, la revista académica de la Universidad de Externado en Colombia, un artículo muy interesante: “Desafíos en el combate a la corrupción en Hispanoamérica: las experiencias de Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y México” (Dialnet-DesafiosEnElCombateALaCorrupcionEnHispanoamerica-8688374.pdf) En este propone un análisis comparado basado en 5 indicadores;” Índice de Estado de Derecho, el Control del Ejecutivo, el Índice de Democracia Liberal, el Índice de Desarrollo Humano y el producto interno bruto (PIB) per cápita. La segunda hipótesis establece que, tomando como referencia las cinco naciones analizadas, si esos indicadores crecen, la corrupción decrece y viceversa”, en sus conclusiones anota: 

“…se confirma que la corrupción está marcadamente correlacionada con estas variables…” Nuestro país está entre los que no disminuye la corrupción, por lo que, señala el autor; “Es prioritario, entonces, que los países con altos niveles de corrupción en la región construyan verdaderos Estados de derecho, sustentados, además de una legítima promoción de la participación social en tareas de vigilancia, en la cultura de la legalidad y en organizaciones eficaces de procuración de justicia… Lo anterior es la vía para fracturar la cultura clientelista y patrimonialista, desapegada del respeto por la ley y la rendición de cuentas. Entre otras estrategias, la incorporación de servicios profesionales de carrera en todos los niveles de gobierno, basados, además del conocimiento técnico, en la axiología y deontología de la función pública, tal como lo ha planteado antes el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) (2003, 2006), es fundamental”. 

En este sentido, alternativas como suprimir el actual Sistema Anticorrupción por un nuevo Tribunal de Cuenta Pública como recientemente propuso el senador Higinio Martínez, obedece más a la molestia por la ineficacia del SNA y el propio SAEMM, que a las verdaderas causas que en el ensayo ya referido explica estructuralmente del tema. La idea es buena, si va acompañada de un diseño institucional más completo, pero tiene dificultades jurídicas a la vista; el derecho a la información y protección de datos personales, tienen una tutela constitucional que ese nuevo Tribunal no podría absorber, pues no existe en el mundo una figura que garantice el acceso a la información, proteja los datos, investigue actos de corrupción y los sancione, en una sola instancia, que por su naturaleza jurídica tendría que ser un órgano constitucional autónomo. Propuestas de este tipo, son espectaculares y probablemente muy populares, pero dejan de lado que sin voluntad política no hay institución o proceso que funcione. Lo mejor sería perfeccionar el actual modelo y hacer una cirugía mayor al Sistema Anticorrupción en el Estado de México y Municipios, que le otorgue más peso a la participación ciudadana e integre un rol ejecutivo con más apoyo político para combatir con seriedad a esta hidra de mil cabezas que es la corrupción en México. 

SPM