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La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, envió al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad que sanciona el acoso sexual desde la primera denuncia y endurece las penas para quienes reincidan.
La reforma local se presenta en el marco y en respaldo al Plan Integral contra el abuso sexual anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar la atención y procuración de justicia hacia estos casos, con acciones que incluyen la homologación del abuso sexual como delito grave, la capacitación institucional, campañas de concientización y la promoción de la denuncia.
La propuesta elimina la condición de reincidencia
La propuesta elimina la condición de reincidencia que hasta ahora limitaba la sanción de este delito, de modo que cualquier acto de acoso sexual podrá ser castigado, sin necesidad de que se repita la conducta. Lo anterior aplica en cualquier sitio donde ocurra como lugares públicos, en instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros.
Con esta modificación, el Gobierno mexiquense refuerza la protección a las víctimas y marca un precedente en la lucha contra la violencia sexual, al reconocer que ningún acto de acoso debe quedar sin castigo.
Asimismo, el decreto establece agravantes cuando el acoso se cometa aprovechando una situación de vulnerabilidad, desventaja o riesgo para la víctima, incrementando las penas hasta en una mitad.
Delfina Gómez envía iniciativa para aumentar castigo a acosadores sexuales
De manera inédita, se crea un nuevo tipo penal para castigar a servidores públicos —como ministerios públicos o policías— que se nieguen a recibir denuncias, intimiden o disuadan a las víctimas. En estos casos, se impondrán penas de dos a seis años de prisión, destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo igual a la pena impuesta.
El decreto dispone que toda interpretación y aplicación del delito deberá incorporar la perspectiva de género y considerar los contextos de vulnerabilidad de la víctima, con el fin de garantizar un acceso real y efectivo a la justicia.
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TAR
