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La presunta detención arbitraria de un trabajador que realizaba labores de fontanería para el Sistema Comunitario del Agua (SCA) en la comunidad de Santa Catarina Acolman fue denunciada por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Los hechos ocurrieron la mañana del viernes 9 de enero, cuando un hombre identificado como José “N” fue interceptado por elementos de la policía municipal mientras realizaba excavaciones en la vía pública, como parte de trabajos comunitarios relacionados con el suministro de agua.
De acuerdo con los denunciantes, el trabajador fue trasladado al Juzgado Cívico de Acolman, donde permaneció retenido por más de dos horas y fue liberado sin que se le fincaran cargos formales.
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Ayuntamiento negó que fuera una detención ilegal
El Ayuntamiento de Acolman negó que se haya tratado de una detención ilegal o de un abuso de autoridad.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó a través de un comunicado que la intervención se debió a la realización de obras en la vía pública sin contar con el permiso correspondiente, situación regulada por el Bando Municipal.
La autoridad explicó que, conforme a la normatividad vigente, realizar excavaciones, cortes de banqueta o rupturas de pavimento sin autorización de la Dirección de Obras Públicas o de Desarrollo Urbano constituye una infracción contra el bienestar colectivo y el orden público.
Asimismo el Bando prohíbe obstruir la vía pública con materiales, escombro o herramientas sin el permiso de ocupación temporal correspondiente.
Detención arbitraria de trabajador en Acolman
Las autoridades precisaron que José “N” fue presentado ante el Juez Cívico únicamente para una amonestación administrativa, sin que se le impusiera multa ni arresto.
Aclaró que esta persona no forma parte del Comité Autónomo de Agua Potable de dicha comunidad, sino que es un trabajador independiente contratado para labores específicas de fontanería.
De acuerdo con el marco de Justicia Cívica del Bando Municipal, las sanciones por realizar obras sin permiso pueden incluir multas que van de 20 a 50 UMAs, la suspensión inmediata de los trabajos y, en su caso, la obligación de reparar el daño y devolver la vía pública a su estado original.
Por su parte, la organización es civil calificó lo ocurrido como un acto de criminalización contra quienes participan en la gestión comunitaria del agua, y advirtieron que estas acciones vulneran la libre determinación de las comunidades, protegida por la Constitución mexicana y tratados internacionales.
El colectivo exigió al Ayuntamiento respetar los acuerdos comunitarios en materia de agua potable y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como intimidación contra los sistemas comunitarios.
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TAR
