Descentralización vs fragmentación en el agua
Una de las características en la gestión pública de las últimas décadas fue la “descentralización” de algunas responsabilidades de gobierno, el ánimo de ellas, al menos en el discurso, era lograr el acercamiento de los problemas locales a sus soluciones, se reconocía que el centralismo en muchas decisiones públicas traía como consecuencia que fueran tomadas en escritorios del entonces Distrito Federal, y totalmente alejadas de un conocimiento real de las problemáticas y sus soluciones.
En México, y precisamente para el subsector de agua, la prestación de los servicios públicos del agua inician su “descentralización” a partir de la década de los 80’s del siglo pasado, misma que se llevó a cabo sin tomar en cuenta las condiciones institucionales de los ayuntamientos, a los que se les delegó la responsabilidad; recordemos también que coincide ésta decisión con un renovado federalismo, que buscaba empoderar al órden de gobierno más cercano a la población en la solución de sus problemas, transmitiéndoles además la decisión de establecer sus cuotas y tarifas, con la debida sensibilidad social que supuestamente deberían tener sus gobernantes, sin embargo, con el tiempo se volvieron decisiones que sin un adecuado modelo de gestión han puesto al borde de la quiebra técnica a estas empresas públicas, el cálculo político por encima de la prestación de servicios adecuados. Lo que en un primer momento fue sacarse la lotería para los gobernantes locales, se ha convertido en un lastre para sus administraciones, donde se ha vuelto casi imposible hacer lo necesario para revertir el deterioro en la prestación del servicio, donde les queda el consuelo que casi ningún antecesor lo ha resuelto y donde la población, afortunadamente se ha acostumbrado a que sea así, de ahí la no exigencia en su mejora, y que en ocasiones se vuelve un círculo perverso de no me cobres una tarifa y no te exijo calidad.
Si bien es cierto, que ésta descentralización debía permitir la gestión del agua adecuada a sus condiciones políticas, sociales, culturales, ambientales y climáticas, resultó en que incluso con el tiempo se fueron olvidando también por los mismos actores locales, con el tiempo y ante la escasez que vivimos, la disponibilidad y provisión del agua se ha vuelto no sólo un asunto de calidad de vida de los habitantes, sino ya un factor para su existencia, sin mencionar la importancia económica que resulte en la sostenibilidad del elemento natural del que hablamos.
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Por lo anterior, más que una descentralización, lo que efectivamente tenemos es una fragmentación de los asuntos públicos, esta propuesta fue impulsada también por la serie de medidas neoclásicas por las que atravesó nuestro país en el periodo económico a partir de los mismos años que inicia la supuesta “descentralización”. Con una fragmentación de la responsabilidad de la prestación del servicio en 2,445 prestadores, entre municipales, intermunicipales y en pocos casos estatales, y sin contar con los más de 1,500 comités rurales, ejidales, comunitarios, tenemos una fragmentación total en las capacidades de cada uno de ellos, en su capacidad de gestión, de planeación, económica, en sus formas de participación social y lo más importante en la calidad del servicio que ofrecen a su población.
Lo que nos muestra este tipo de procesos, es que no se pueden llevar a cabo como se hizo, nuestra heterogeneidad nos lleva a procesos tan complejos, que incluso un modelo nacional no puede ser posible sin submodelos acordes a regiones específicas de México, pero el marco general si debe ser uno sólo, debe revertir la fragmentación y una vez corregido, se podría pensar en una descentralización efectiva, pero revisando cada caso y donde sea factible, no por decisiones políticas, sino por decisiones de interés y utilidad pública.
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