Más del 60% de las unidades del transporte público de pasajeros no podrán acceder al programa de chatarrización impulsado por la Secretaría de Movilidad (SEMOV), debido a que operan con documentación irregular o sin concesión, lo que los deja fuera de los beneficios destinados a renovar el parque vehicular.
Luis Patricio Ribera, dirigente de los transportistas de Antorcha Popular en la zona Noroeste, calificó el programa como positivo en términos generales, pero lamentó que esté diseñado exclusivamente para unidades concesionadas, dejando fuera a la mayoría del transporte tolerado, que es precisamente el que se encuentra en peores condiciones.
“Ese programa va dirigido solo a los concesionados. La mayoría del transporte no lo está, así que prácticamente no ayuda en nada. Los que están en pésimas condiciones son los tolerados”, enfatizó Ribera.
Dejan fuera al 60% del transporte público del programa chatarrización
Según cifras del propio dirigente, apenas entre el 30% y 40% de las unidades están concesionadas, mientras que el restante 60% opera fuera de norma. A estos últimos no se les permitirá acceder al programa, lo que perpetúa el uso de vehículos obsoletos que no pueden cumplir con trámites como verificación o pago de tenencia.
Además, Luis Patricio Ribera señaló que los transportistas concesionados tienen un plazo de 10 años para renovar sus unidades, requisito indispensable para mantenerse dentro de la legalidad. Sin embargo, muchos taxis y microbuses llevan años circulando sin cumplir con esta norma.
Tarifas congeladas y costos al alza en Edomex
En otro tema, el líder transportista advirtió que el incremento de tarifas del transporte público no se concretará este año, debido al temor del gobierno del Estado de México a una reacción negativa de la ciudadanía.
“Desde hace tiempo se prometió el aumento, pero no se ha hecho nada. Solo nos dicen ‘aguántense’, que ya viene, que lo están analizando con estudios”, denunció.
Mientras tanto, los transportistas enfrentan aumentos constantes en refacciones, gasolina y mantenimiento, agravados por el mal estado de las vialidades. Ribera destacó que el gremio también comprende la situación de los usuarios, quienes enfrentan sus propias dificultades económicas.
“Las autoridades no saben si apoyar a los transportistas o a los ciudadanos. Al final, nos tienen desprotegidos a ambos”, lamentó.
El dirigente también alertó sobre el riesgo que representan las calles sin mantenimiento. Recordó el reciente accidente de una pipa en Iztapalapa, que explotó tras que el conductor intentara esquivar un bache.
Asimismo, mencionó zonas peligrosas como Lechería, la autopista México-Querétaro y el Circuito Mexiquense, donde los baches y el deterioro de las vialidades ponen en riesgo a conductores y pasajeros.
El programa de chatarrización, aunque bien intencionado, deja fuera a la mayoría del transporte público por falta de regularización. Mientras tanto, el sector enfrenta una doble crisis: económica y de infraestructura, sin una solución clara por parte de las autoridades.
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MPH