Edomex y Coahuila, fuera del Plan B

Con la aprobación en el Senado del Plan B de la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador parece que empezará la desmantelación del Instituto Nacional electoral, pues se prevé el despido de unos seis mil empleados, lo que quizá ponga en riesgo la organización de las elecciones de 2024.

La reforma obliga al INE a eliminar 300 juntas distritales, encargadas de preparar, organizar y celebrar las elecciones; reduce la estructura de las 32 juntas locales, encargadas de garantizar los derechos a la identidad, a la asociación política, a la igualdad y no discriminación, a la secrecía del voto, a elegir libremente a sus representantes y gobernantes, a la información y la transparencia en las elecciones, a la participación en condiciones de equidad y de ser electo y a la justicia en materia electoral.

Esto implica también un recorte de 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional, más de mil 500 puestos que son electos por concurso. También se reducirán los salarios de los consejeros, la eliminación de los fideicomisos y permite a los partidos guardar los remanentes de recursos que no utilicen en un año para el periodo siguiente. La reforma limita la capacidad del INE para sancionar a funcionarios que públicamente se expresen a favor de un candidato.

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Sin embargo, el ministro Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión provisional para que las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas no apliquen en los procesos electorales que se desarrollan en el Estado de México y Coahuila.

Esto, luego de que la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. El ministro Pérez Dayán consideró que la reforma se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal. “De no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”, estableció el ministro.

Así que, al menos por el momento, la intentona federal para acallar a los gobiernos estatales y a los municipales con la aprobación de la reforma a la Ley de Comunicación Social no aplicará a Coahuila y Estado de México y es probable que la Corte determine su inconstitucionalidad, pero eso es un tema que todavía va para largo porque el Poder Judicial ha recibido 30 controversias constitucionales contra el “Plan B” de reforma electoral y medio centenar de acciones de inconstitucionalidad, recursos correspondientes al primer paquete ya promulgado.

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La parte más importante de esta suspensión, sin embargo, tiene que ver con la Ley General de Responsabilidades Administrativas que permite a los servidores públicos de cualquier nivel pronunciarse abiertamente en favor o en contra de algún candidato. Pareciera que tiene un destinatario bien definido porque el presidente Andrés Manuel López Obrador estará impedido de hacer campaña abiertamente a favor de la candidata de su partido, Morena, la maestra Delfina Gómez Álvarez, en el Estado de México, y de su abanderado en Coahuila, Armando Guadiana. Seguramente eso no fue del agrado del mandatario nacional y por eso de inmediato se lanzó en contra de la suspensión.

Al respecto, el ministro Pérez Dayán minimizó las descalificaciones de la Presidencia de la República, que advirtió que es ilegal suspender la vigencia de la reforma en materia electoral. El ministro reconoció que la Corte está sujeta a fuertes presiones por este tema, pero que esto es parte de la normalidad. Advirtió que están listos para recibir los recursos que se presenten contra las cuatro leyes que el Senado envió al Ejecutivo el miércoles y reconoció que esta reforma es una de las más impugnadas.

Así que, mientras el Estado de México y Coahuila se libraron momentáneamente de la aplicación de esta reforma, esto apenas empieza y falta mucho tiempo para el desenlace final.

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DMM