La diatriba conservadora sostiene que los gobiernos de la cuarta transformación han desatendido la salud, dejando sin recursos al sector, y los acusan de desabasto de medicamentos e ineficiente atención a los usuarios. Nada más falso. Se trata, sin duda, de una estrategia de comunicación bien pagada por quienes, durante el período neoliberal, hicieron grandes negocios como el Seguro Popular, bajo el cobijo de una alta burocracia corrupta y los monopolios de la industria farmacéutica.
Frente a la mala fe y la amnesia política de los conservadores, vale la pena recordar que, en 1978, la OMS advirtió de la necesidad de dar un golpe de timón en el diseño e instrumentación de los servicios de salud que el Estado mexicano tenía a su cargo para la conformación de un sistema único que diera prioridad a la prevención y a la atención primaria, como sí lo hicieron muchos países en el mundo que acogieron el modelo de Estado de bienestar.
Al neoliberalismo no le interesa la salud de la gente, sino las ganancias del capital. Ve a las personas como clientes de los que hay que obtener un beneficio, y, por tanto, la salud, no es un derecho, sino una mercancía que se vende al mejor postor. Los medios que tanto insisten en la mentira del recorte presupuestal a la salud debieran voltear hacia el pasado reciente y observar el desmantelamiento de la infraestructura médica, así como la impresionante corrupción administrativa anquilosada durante varias décadas en el sector.
Para enfrentar esa realidad, los gobiernos encabezados por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han tenido que romper con firmeza la inercia de la corrupción neoliberal, partiendo de dos premisas: la salud es un derecho humano universal y es una responsabilidad pública del Estado. La salud de la población de un país es un asunto de seguridad nacional.
Es falso que en el proyecto de presupuesto de la Federación, que la Presidenta ha enviado a la Cámara de Diputados, exista un recorte de 113 millones de pesos. Por el contrario, hay un incremento de $6,878,868,145 respecto del presupuesto de 2024 (los ramos 12, SSA, y 47, IMSS-Bienestar).
Lo que los medios y la oposición no observan es la creación, por mando constitucional, de un nuevo modelo por el que se instituye el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, cuya base es un organismo público descentralizado: el IMSS-Bienestar. Si sumamos la totalidad de la inversión pública de la Federación en Salud —SSA, IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE, SDN, SM y Pemex—, el monto para 2025 será más de 2.2 billones de pesos, de un presupuesto de más de 9.3 billones de pesos, lo que representa alrededor de 24% del presupuesto federal.
La efectividad del derecho constitucional a la salud pasa por la gratuidad de los servicios a cargo del Estado (Federación, estados y municipios). Con la existencia del IMSS-Bienestar será posible la conformación de una política pública integral, con cobertura universal, coordinada y unificada, que ponga al servicio de la población todos los recursos materiales, económicos y humanos en favor de la salud de mexicanas y mexicanos.
¡Salud para todos, ya!