El Poder de los transportistas y la corrupción
Sin titubeos
Por Diana Mancilla Álvarez
Los transportistas han mostrado, con determinación, su capacidad de poner de rodillas a un sistema que debería ser su regulador. Esta confrontación no es una mera muestra de poder, sino una radiografía del tamaño de la influencia que tienen estas organizaciones en las decisiones gubernamentales. Cada mes recaudan cifras que se cuentan por millones, disfrutando de exenciones fiscales y operando sin la obligación de rendir cuentas a nadie.
El Estado de México tiene claramente un gran desorden. Con más de 400 mil unidades operando de manera irregular, y contar solamente con 168 mil concesiones, el caos y la falta de aplicación de la ley son palpables. Cada administración ha prometido una solución, cada titular del sector ha prometido regularización, pero todos han chocado contra los intereses económicos de estas organizaciones.
El cobro sistematizado, un mecanismo que permitiría transparentar ingresos y garantizar el pago de impuestos, prometido desde hace varias administraciones, es rechazado por las empresas de transporte. ¿Por qué querrían mostrar sus cartas cuando pueden declarar autobuses llenos, mientras en realidad transportan a un puñado de personas?
Aún está en la memoria colectiva el intento del gobernador César Camacho Quiroz de poner orden en este sector. Pero su mano firme se paralizó ante los bloqueos y presiones de los transportistas, ahorcaron, secuestraron al Estado de México. Lo paralizaron al apostar los vehículos en entradas y salidas, sobre todo con mayor afectación al entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, levantó la voz contra esta corrupción, como lo hizo cuando era diputado local. Aunque logró desactivar la amenaza de un paro el lunes pasado, no pudo con los bloqueos de ayer. Las principales arterias de comunicación estuvieron cerradas por transportistas que solo exigen, pero no dan garantías de mejorar un servicio plagado de irregularidades.
Los testimonios visuales son abrumadores: la Vía Morelos, la Texcoco-Lechería, la autopista México-Pachuca, entre otras, fueron bloqueadas por estos grupos de transportistas. La SAEM, en su defensa, acusa a las autoridades del Estado de México de proteger intereses oscuros y no atender sus demandas.
Ante este panorama, la pregunta inevitable es: ¿Hasta cuándo se permitirá que este sector opere bajo sus propias reglas, en detrimento del bienestar de la población? El gobierno es dueño de las concesiones ¿y entonces? Urge poner fin a este ciclo de corrupción y descontrol, porque al final el más afectado es el usuario que todos los días sufre por inseguridad, pleitos por derroteros, mal servicio, constantes accidentes, alto costo del pasaje, y un largo etcétera.
