El problema de la corrupción para el agua 

De cara a las elecciones federales del 2024, el panorama del sector hídrico en México es muy complejo por la diversidad y heterogeneidad de los 3,501 prestadores del servicio de agua y saneamiento, casi mil más que el número de municipios en México. El servicio público del agua es un monopolio natural, en el cual los proveedores tienen una posición dominante en el mercado, esto contribuye a generar márgenes de discrecionalidad o realizar actos contrarios a la ley en las inversiones. La corrupción en el sector hídrico impacta negativamente en los presupuestos, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (2019), implica entre 20 y 30 por ciento de los recursos totales. Esto se puede contrarrestar con una adecuada regulación y supervisión.

Naciones Unidas define la corrupción como la realización u omisión de un acto, en violación de una ley por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad, también se indica que la corrupción está presente cuando una persona acepta un cargo, sin las capacidades suficientes para realizar las funciones atribuidas, mientras que los mecanismos de combate a la corrupción son las estrategias para mitigar y eliminar las conductas descritas, por lo que, deben analizarse e incorporarse los medios de promoción de la integridad y anticorrupción necesarios. 

Específicamente en la prestación de los servicios de agua y saneamiento no se han definido, en su mayoría, principios que guíen la prestación del servicio bajo estándares de integridad, profesionalismo, orientación al cliente, actitud de servicio, mejora continua y mecanismos de supervisión para la prestación del servicio. 

En 2020, desde la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento en México (ANEAS) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevamos a cabo la primera evaluación del servicio y política hídrica por parte de una autoridad. Entre los principales hallazgos de la evaluación de la política hídrica del sector se observó: “…la carencia de mecanismos formales para prevenir y mitigar los riesgos de corrupción en los diferentes tramos de control y operación, o para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas; no se cuenta con un órgano regulador facultado para monitorear y evaluar la gestión de los recursos…”. Cabe señalar que, los municipios son los órdenes de gobierno más proclives a ser corruptibles por su grado de debilidad institucional, además están en contacto directo con las fuerzas de interés que los pueden someter de una manera más fácil. 

En el documento The impact of corruption on access to safe water and sanitation for people living in poverty, del Anti-Corruption Resource Center de Noruega, se señala que en el sector hídrico deberían considerarse cuatro aspectos fundamentales: 1) transparencia, 2) rendición de cuentas, 3) la participación y 4) anticorrupción. Para avanzar hacia un sector más transparente es necesario implementar una serie de acciones como: la publicación de los presupuestos, promoción de reportes en medios de comunicación, aclaración de derechos y obligaciones de actores involucrados, así como la publicación de resultados de investigaciones relacionadas con actos de corrupción. 

El gobierno federal debe establecer mecanismos más efectivos de combate a la corrupción a nivel local, después de todo el sector de agua depende de éstos, con ello se estaría incrementando los recursos disponibles hasta en un 30% más, pero más allá, es necesario que los habitantes sientan que las acciones de gobierno emplean adecuadamente sus recursos o se elige a quién tenga las mejores credenciales para dirigir sus instituciones, es momento de atender estos reclamos.