Se consumó una etapa más del proceso electoral judicial, la que corresponde al día de la votación en donde las autoridades del Instituto Nacional Electoral reportan una participación ciudadana en todo el país del 13%. Ahora estamos en los momentos del cómputo.
Con lo que se vivió el domingo anterior quedó confirmado que se trata de un proceso electoral complejo. Está la elección de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el caso del Estado de México, de integrantes del Tribunal Superior de Justicia, entre ellos su presidente, que pasará por ser el primero en la historia en ser electo por la vía del voto ciudadano.
Cientos de testimonios podrán recabarse con motivo de la votación del domingo anterior, sin duda, pero hay varias conclusiones que empezaron a conocerse desde el momento mismo de salir de la urna: que costó trabajo votar por tantos cargos; que la letra en las boletas estaba pequeña o el poco conocimiento de las personas candidatas.
Pero todo forma parte del proceso de aprendizaje. Nada es perfecto y ¿qué elementos podrían ser suficientes para determinar que una elección es perfecta? ¿Una abrumadora votación? Es relativo, abstenerse también es un derecho.
Al margen de lo anterior es momento de revisar la legislación para las adecuaciones que sean necesarias con base en la experiencia del domingo de este proceso que todavía continúa.
Máxime cuando se aproxima en dos años, un ejercicio en el que no solamente se elegirán a personas juzgadoras, también por diputados federales, legisladores locales e integrantes de los ayuntamientos.
La del año 2027 apunta a ser la madre de todas las elecciones. Nada más estarán en juego en dos años la mitad de jueces de distrito y magistrados de circuito a nivel federal; 80% de los cargos del Poder Judicial local y como se mencionó debemos agregar la elección de legisladores federales y diputados locales e integrantes de los 125 ayuntamientos. De ese tamaño.
Añada en la lista que estarán también en juego 16 gubernaturas, entre ellas destacan tres que están en manos de fuerzas políticas opositoras: Chihuahua, Nuevo León y Querétaro.
En ese escenario, un punto que debe ser sujeto a revisión para construir un modelo justo es la promoción de los candidatos para que la gente pueda conocerlos y diferenciarlos.
En la elección judicial las candidatas y candidatos no podían recibir recursos públicos ni privados para hacer campañas, a diferencia de candidatos postulados por partidos políticos a otros cargos de elección popular que tienen acceso a la radio y televisión a través de los tiempos oficiales; tan sólo en el proceso electoral 2023-2024 se contabilizaron más de 52 millones de spots que fueron transmitidos por tres mil 734 concesionarios de radio y televisión. Sin duda habrá que ajustar esa desproporción para que no haya inequidad.
Lo anterior representa un reto mayúsculo para las autoridades electorales. Todo un desafío de planeación y organización. Será interesante conocer las conclusiones de quienes observaron el proceso y a partir de ahí empezar a diseñar acciones que deriven en reformas legales.
@periodistamex
PAT
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