Financiamiento público y desconfianza partidaria
Observatorio electoral
El financiamiento público a los partidos sigue dando de qué hablar. Aunque en la era del PRI hegemónico fue indispensable para tener contiendas más equitativas, las condiciones han cambiado. Por eso la reciente iniciativa presidencial de reforma electoral propone eliminar el financiamiento durante tiempos no electorales. Se considera que mantener a los partidos más allá de las campañas no se justifica socialmente.
Por esta razón, la iniciativa propone que el financiamiento público partidista se mantenga solamente durante las campañas. Para reducir el costo que los partidos representan al erario propone que ellos cubran sus gastos ordinarios, mediante aportaciones de sus simpatizantes y militantes. De esta forma se espera que se sostengan a sí mismos, no como ahora.
El costo de los partidos durante los periodos inter electorales es alto. En 2021 el INE financió con casi 5,251 millones pesos a los diez partidos con registro nacional. A eso hay que sumar otros casi 5,298 millones más que los Organismos Públicos Locales electorales (OPL) destinaron a esos mismos partidos, y a otros con registro local, para realizar sus actividades políticas.
El caso más extremo es el mexiquense. En 2021 el IEEM destinó casi 781 millones al financiamiento de 10 partidos nacionales y uno con registro local. Este financiamiento representó 14.74 por ciento de todo el erogado por los 32 OPL del país, a pesar de que la entidad solo posee 13.1 por ciento de electorado nacional. Hay un evidente excedente presupuestal sin justificación.
A esos casi 781 millones de financiamiento público hay que sumarle que cada representación partidista recibe una cantidad mensual superior a los 200 mil pesos, por parte del IEEM, para pagar sueldos y otras prestaciones al personal de los partidos, a los que sustituye como patrones. A eso hay que sumar el costo de teléfonos móviles, vehículos a los que paga mantenimiento, combustible, peajes, llantas, etcétera, y gastos de alimentación para los representantes partidistas. Esto es otra forma de financiamiento adicional e ilegal, con fines de control de líderes de partidos “opositores”, algunos de los cuales se han enriquecido ahí.
Estas y otras razones hacen de los partidos instituciones desprestigiadas entre la ciudadanía, en las que poco confían, además de considerarlas muy corruptas. Así lo registra la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021, que mide la percepción ciudadana sobre servicios públicos y sus gobiernos, realizada por el INEGI, dada a conocer el 24 de mayo. Sus resultados fueron desglosados por entidad federativa y son preocupantes.
A pesar del enorme gasto que representan y el dinero público erogado para tener una imagen positiva, la confianza en los partidos es mínima entre la ciudadanía mexiquense: 76.5 por ciento desconfía de ellos. Aunque parezca increíble son los que menos confianza generan. Incluso los policías y los ministerios públicos, a pesar de su generalizada corrupción, producen menos desconfianza entre la ciudadanía: 76.1 y 71.4, respectivamente.
Después de este recuento vale la pena preguntarse si se justifica un gasto tan alto. Es hora de hacer un corte de caja para evaluar la conveniencia del financiamiento partidario, que no ha producido siquiera un desarrollo democrático medio en la entidad. A fin de justificar ese gasto, los partidos deben generar una democracia de calidad que beneficie a la ciudadanía y no solo dé privilegios a sus líderes.
