Fiscalías tienen 3 millones de carpetas por resolver
Cuando se hace una denuncia ante la autoridad competente, por algún ilícito, se proporcionan datos y pruebas que inician a lo que se conoce como la carpeta de investigación; y una vez judicializada se va registrando de manera ordenada, sistemática y evolutiva las actuaciones relacionadas con la investigación del delito.
Pero a pesar de que el tiempo que tienen las Fiscalías para investigar un delito es de seis meses, en muchas ocasiones esto no sucede y las carpetas de investigación se han ido acumulando.
Por lo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que actualmente se tienen 2 millones 915 mil 899 carpetas de investigación pendientes de concluir; así que los tiempos procesales del Sistema Penal Acusatorio puede llevar años, dependiendo la actividad que lleve el proceso generado por las partes.
Cabe señalar que, del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal, sobre esta cifra, 2 millones 865 mil 162 o sea el 98.26 por ciento al corte del año 2022, corresponden a averiguaciones previas de las Fiscalías Estatales; y solo 50 mil 737 son de la Fiscalía General de la República (FGR).
Así las fiscalías con mayor rezago en los estados son la de Jalisco que tiene 491 mil 33 carpetas sin cerrar; Baja California llegaba hasta 398 mil 823; y la Ciudad de México tenía hasta finales del año pasado 228 mil 874 averiguaciones sin cerrar.
Este retraso en las investigaciones bien podría deberse a que hubo una disminución de unidades administrativas y de personal; por lo que se les ha incrementado a quienes trabajan en las fiscalías la carga de trabajo; ya que en el censo se contaron 4 mil 539 agencias o fiscalías del Ministerio Público y unidades administrativas con 111 mil 247 funcionarios, que en comparación con 2018 son 8 mil 425 menos empleados.
Y por solo mencionar un dato únicamente en el año de 2022, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) se abrieron o iniciaron 2 millones 165 mil 775 averiguaciones previas, resultando un aumento de carpetas de investigación del 5.1 por ciento en relación con el año anterior.
Cabe mencionar que dentro del censo que realizó el Inegi, destacan que al cierre del año pasado las órdenes de aprehensión y otras órdenes judiciales por cumplimentar sumaron 333 mil 972; el robo representó 27.4 por ciento, la violencia familiar 12 por ciento, lesiones 9.9 por ciento; y un millón 929 mil 630 personas inculpadas y/o imputadas.
Sin duda el proceso después de la denuncia o querella da inicio a la investigación inicial que tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de un hecho, de ahí que el agente del Ministerio Público está obligado a que sus actos estén basados en los derechos fundamentales de las personas; proceso que puede llevar mucho tiempo si no se corrobora la información inicial propuesta con la denuncia, que se supedita a la recolección de datos y pruebas.
DB
