En otras ocasiones hemos reiterado la necesidad de construir un modelo de gestión sostenible para México, un modelo integrador que permita enfrentar los problemas actuales y sentar las bases para asegurar el bienestar de la población en el futuro.
Sin embargo, en países con altos niveles de desigualdad económica y una gran diversidad social, como el nuestro, es necesario tomar en cuenta a su población: conocerla, escucharla y entender que sus problemas son multifactoriales, y que las soluciones no siempre son homogéneas. De ahí que, en un modelo al que aspiramos a construir, sea necesario plantear la gestión social como un eje fundamental.
Una buena definición de esto es la que nos plantea Romero, quien señala que la gestión social consiste en 1) la concertación o base de acuerdos políticos; 2) el ejercicio desde una conciencia social responsable; 3) la intervención social efectiva y 4) en beneficio de la sociedad.
En cuanto al primer punto, se deben dejar claro los mecanismos de participación ciudadana; respecto a los acuerdos políticos, se deben definir cuáles son los grandes objetivos de la política nacional hídrica, incluyendo aspectos clave como es el establecer quiénes deberían ser la población objetivo.
La concertación ciudadana es uno de los objetivos que ha reforzado la actual administración de la Ciudad de México y que tiene como uno de sus objetivos el lograr la confianza, participación y compromiso, a través de procesos de negociación que requieren la atención de los problemas de la ciudad en materia hídrica, así como las diversas formas de atender y resolver las problemáticas amplias y complejas que enfrentamos.. (Romero, 2000).
En lo referente a la conciencia social responsable, el autor de esta investigación, aplicada al sector agua, introduce el concepto de “comprensión común acrítica”, que ha cobrado relevancia en años recientes. Esta hace referencia a una situación en la que “el sujeto deja de ser sujeto y se convierte en objeto pasivo, receptor de mensajes condicionantes”. En el contexto del sector hídrico, esto se traduce en aceptar como verdaderos ciertos mensajes, cifras o causas sin cuestionarlos, lo que nos aleja de ejercer un análisis crítico y responsable de la información que consumimos, especialmente en redes sociales. Esta actitud contrasta con lo que Enrique Leff denomina “racionalidad ambiental”.
Respecto a la acción social efectiva, no basta con su definición tradicional como cualquier acción colectiva en un espacio y tiempo determinados, generalmente en respuesta a demandas coyunturales. Se propone que estas acciones se fortalezcan mediante elementos técnicos o conocimientos científicos que les den sustento. Contar con opiniones profesionales y el respaldo de universidades puede evitar que las luchas sociales se encaminen hacia soluciones erróneas o incluso perjudiciales. Hemos observado ejemplos de gestión del agua en los que, debido a malentendidos, ya sea por intereses particulares o falsas creencias, se han rechazado o aprobado proyectos de forma equivocada.
Finalmente, el beneficio de la sociedad implica, de manera intrínseca, la mejora en la calidad de vida de los habitantes. Leff lo define en tres dimensiones: la satisfacción de necesidades materiales, los aspectos culturales, y el derecho a un ambiente saludable. Estos tres aspectos son fundamentales en una gestión adecuada del agua. Es innegable e imprescindible garantizar ciertos bienes materiales, así como preservar la visión cultural del agua en relación con el ser humano, y asegurar el equilibrio ambiental, que es la base y garantía de toda forma de vida.
PAT
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