¿Hacia una doble elección de Estado?

Históricamente hablando, las elecciones mexiquenses se han caracterizado por el apoyo del aparato gubernamental al partido oficial, con sus distintos nombres. Los 17 candidatos a gobernador del Estado de México, desde 1929 hasta 2017, han recibido los recursos que han requerido para retener ese importante cargo: dinero, vehículos, teléfonos, personal y el apoyo de las instituciones electorales.

Desde hace muchos años la capacidad electoral del PRI está determinada por el apoyo financiero y logístico del gobierno estatal. Se ha hecho costumbre que durante los comicios la estructura gubernamental se transforma en un aparato electoral muy eficaz. La entidad es dividida en regiones, cada una encabezada por un secretario de gabinete, que supervisa en trabajo político realizado por el PRI en cada uno de los 125 municipios de la entidad.

Cuando lo anterior no ha sido suficiente, por tratarse de elecciones muy competidas, el trabajo de los secretarios de gabinete ha sido reforzado con el de los secretarios de Estado. Eso fue lo que ocurrió en las elecciones de 2017, cuando el entonces presidente Enrique Peña envió a varios de sus colaboradores, especialmente a Rosario Robles, a reforzar el trabajo electoral del PRI y del gobierno de Eruviel Ávila.

Además de lo anterior, para ganar todas las elecciones de gobernador, el PRI ha contado siempre con el apoyo de las instituciones comiciales: primero a través de los ayuntamientos, después a través de la Comisión Estatal Electoral y actualmente mediante el IEEM y el TEEM. Los comisionados, consejeros y magistrados han apoyado a ese partido para mantenerlo en el poder durante 94 años.

En la época del partido hegemónico, a los gobernadores les resultaba muy sencillo conseguir sus fines. La oposición era muy débil o inexistente en muchos municipios, especialmente en los rurales. Manipular o incluso fabricar los resultados electorales era algo cotidiano. Cuando el sistema de partidos pasó a ser más competitivo, el gobierno y el PRI se las ingeniaron para seguir controlando a las instituciones electorales.

Primero lo hicieron nombrando mayoría de consejeros afines en el IEEM y magistrados en el TEEM, a través de la Legislatura del Estado de México. Cuando la reforma electoral de 2014 les quitó esa facultad, siguieron influyendo en las decisiones del INE y del Senado a la hora de hacer los nombramientos respectivos. Basta con revisar la composición de esos órganos desde ese año, para constatar ese sesgo favorable al PRI.

Hay que tener en cuenta estos antecedentes ahora que se acerca las campañas. Sobre todo, porque el 15 de marzo el PRI denunció que los gobernadores de Hidalgo y Veracruz, y la jefa de gobierno de la CDMX estaban realizando acciones orientadas a beneficiar electoralmente a Morena. A su vez, Morena se ha quejado de la injerencia del gobierno estatal en los comicios. También ha trascendido que incluso han llegado recursos de otras entidades para pagar a los operadores electorales del PRI.

Estos hechos abren la posibilidad de un escenario con una doble elección de Estado, algo inédito hasta el momento. Una impulsada desde el gobierno federal y otra desde el gobierno local. De ser así, prevalecería la maquinaria gubernamental más funcional para repartir apoyos sociales y ganarían las estructuras clientelares más eficaces para conseguir votos. La voluntad popular pasaría a un segundo plano y esto sería un grave riesgo para la democracia. Todavía es tiempo de evitarlo.

TAR