Hasta 20 años de prisión a quien extorsione comercios para imponer precio
La Legislatura Local avaló penalizar la extorsión al comercio a partir de elevar, imponer u obligar la compra de artículos, bienes servicios o mercancías, penas que alcanzarán hasta los 20 años de prisión si se comenten por integrantes de la delincuencia organizada o participan servidores públicos.
Hace cinco meses la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ingresó la reforma al Código Penal y hace una semana avanzó en la comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Ahora una vez qué pasó el dictamen en el pleno de la Legislatura local, tendrá que turnarse al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta de Gobierno y su entrada en vigor.
La propuesta inicialmente prevé la sanción de 6 y 10 años de prisión, aunque incluye agravantes, y se impondrá de mil a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Además si se involucran de dos o más personas la pena será de tres a cinco años; y de siete a 15 años de prisión si las o los responsables se ostentan como miembros de algún grupo delictivo.
Y también si los responsables de estos delitos que formen parte del servicio público, será de ocho a 20 años de prisión.
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Castigo a quien extorsione comercios
La reforma estableció que se castigará penalmente a quien por medio de la violencia obligue a personas o unidad económica a comprar, obtener o adquirir de otra persona, comercio o empresa determinados bienes, insumos, mercancías o servicios para su giro comercial.
También por distribuir o vender bienes, insumos, mercancías o servicios a personas o empresas determinadas o imponer o fijar en una localidad o región un precio mayor por encima del mercado para la venta de bienes, mercancías o insumos o para la prestación de un servicio.
La FGJEM reconoció que esta práctica es cometida por la delincuencia organizada y va a la alza, principalmente, en la región norte y sur del Estado de México, donde la víctima es quien se dedica al comercio.
El presidente de la comisión de Procuración y Administración de Justicia, Gerardo Ulloa Pérez, leyó el dictamen y aclaró que en la discusión se eliminó los conceptos de competencia desleal y distorsión de mercado, además que se evitó criminalizar al comerciante.
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DMM