El lunes comenzaron los foros convocados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) rumbo a la creación de una Ley General de Aguas y la reforma de la Ley de Aguas Nacionales. Se llevarán a cabo a lo largo y ancho de la República Mexicana, para que se están planteando temas para cada una de esas iniciativas. Se entiende que son temas generales, enmarcados en lo que habría de contener cada una de las Leyes, por esto se entiende, que al menos, en esta etapa inicial se está pensando en dos Leyes una general que regularía el derecho humano al agua, las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en la gestión del agua, la gestión de parte de los sistemas comunitarios, mecanismos de participación ciudadana y promoción de la cultura del agua, investigación, tecnología y planes sustentables y, finalmente, prevención de la contaminación del agua.
Por otro lado, los temas que identifican ser propios de la Ley de Aguas Nacionales, son las concesiones, asignaciones y cuotas de garantía; régimen de sanciones y estándares de eficiencia en el uso del agua, seguridad hídrica, reutilización de aguas residuales y calidad del agua; inspección, verificación y medición.
En el primer foro, se escucharon los planteamientos de los responsables de la política hídrica de México, se reconoce que la presente Ley limita algunas posibles soluciones. Un concepto que sobresalió fue el de seguridad alimentaria, un nexo, indivisible de la gestión del agua respecto al uso más intensivo, el agrícola.
Llama la atención también, de forma positiva, la necesidad de un cambio de gestión; pero a nivel de cuenca, en puntos particulares se planteó la rehabilitación de infraestructura, sanciones, mejora regulatoria y también el que se requieren estudios de contaminación de ríos, etc. La participación de la población, como garantes de lo que se denominó “democratizar el líquido” es cuanto a lo que se asume necesario para la correcta corresponsabilidad del concepto más amplio de estado.
Por parte del sector privado se busca certeza en la vigencia de las concesiones, agilidad en resolver el rezago de trámites, normatividad que promueva la eficiencia en el uso del agua y evitar incentivos perversos que no la promueva. La disponibilidad mediante estudios se hizo evidente. Hubo discrepancias en cuanto la necesidad de contar con dos leyes, de legislar sólo una con una reforma a la otra, en este sentido se habló de acaparamiento de concesiones, de la necesidad de reconocerles a los pueblos indígenas su derecho a gestionar sus elementos.
Pocos participantes hablaron de los prestadores de los servicios de agua en los municipios, que son los responsables de garantizar el derecho humano al agua y dotar a otros usos dentro del uso público urbano, de las ineficiencias en la gestión del agua de las zonas urbanas y de la necesidad de contar con recursos económicos suficientes para atender el reto.
Aún faltan los foros que se llevarán a cabo en otras entidades federativas, donde de seguro se repetirán algunos temas de los planteados en el arranque, pero seguramente se sumarán otros tantos que corresponden a los problemas específicos de cada región, no faltarán como vimos ayer, manifestaciones de usuarios que se manifiesten por alguno de los tantos problemas, pero desde un punto de vista, también debe servir para escucharlos y entender su problemática.
Los temas son tan diversos, variados, de complejidades heterogéneas, algunos son responsabilidad de alguno o de los tres órdenes de gobierno, algunos se resolverán con cambios en los instrumentos normativos y otros requerirán mucho más que eso, en muchos de ellos ni siquiera existe total acuerdo en cómo abordarlos; por lo que este ejercicio deberá contar con la voluntad de todos, tal vez no se llegue a un consenso en todo, pero al menos debemos dar los pasos hacia la dirección correcta, de otra forma, pasará otra década sin los cambios necesarios.
PAT
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