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Diputados presentaron la iniciativa de ley que busca reforzar la regulación y vigilancia de los crematorios públicos y privados en el Estado de México, ante la posibilidad de que algunos de estos espacios estén siendo utilizados por el crimen organizado para desaparecer evidencia de sus víctimas.
La diputada local Joanna Felipe Torres informó que presentaron la iniciativa que ayudará de alguna manera a las Madres Buscadoras, con el propósito de que no cremen los cuerpos de sus hijos o familiares, y sean rescatados por sus madres para una sagrada sepultura.
Señalan crematorios disfrazados de legales en Edomex
La legisladora advirtió que incluso existen crematorios disfrazados de negocios legales, autorizados por las autoridades, que operan como sucursales del crimen organizado. “Es un tema sensible y delicado que debe abordarse con frontalidad y valentía, porque de lo contrario se abre aún más la puerta a la impunidad”, señaló.
De acuerdo con el registro nacional actualizado al 30 de abril de 2026, en el país existen 133,563 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 14,665 corresponden al Estado de México, lo que representa el 11% del total. El dato más alarmante es que la mayor incidencia se concentra en mujeres de entre 15 y 19 años, un sector vulnerable a la trata y explotación sexual.
En los primeros cinco meses del año, los municipios con mayor número de desapariciones son Tultitlán y Ecatepec con 8 casos cada uno; Texcoco con 7; Nezahualcóyotl con 6; y Toluca y Naucalpan con 5 cada uno. Estos seis municipios concentran el 57% de los casos en la entidad.
Torres subrayó que muchos cuerpos terminan en panteones, cementerios y crematorios, tanto públicos como privados, sin autorización adecuada. Estas prácticas de incineración y profanación de tumbas se realizan en un contexto de impunidad, borrando rastros de las víctimas y dificultando la labor de las familias buscadoras.
Iniciativa para regular crematorios en Edomex
Denunció la legisladora que la COPRISEMEX, institución responsable de regular estos servicios, ha mostrado una vigilancia insuficiente. “Las familias que optan por cremar a un ser querido están dando un voto de confianza a empresas funerarias, pero sin supervisión efectiva de las autoridades”, denunció la diputada.
La iniciativa plantea sanciones de 6 a 12 años de prisión y multas de 150 a 300 días a quienes realicen cremaciones, sepulturas o mutilaciones de cadáveres sin autorización, especialmente cuando se trate de personas no identificadas.
Además, propone Felipe Torres que los municipios asuman la responsabilidad de prestar servicios funerarios y de cremación, incluyendo velatorios, traslados y liberación de cuerpos, con el objetivo de garantizar un control minucioso y evitar que estos espacios sean utilizados para ocultar delitos.
En cuanto a las reformas legales, se propone modificar los artículos 224 y 225 del Código Penal del Estado de México. El artículo 224 sancionará con prisión de seis meses a dos años y multa de 30 a 60 días a quien oculte, incinere, destruya, mutile, sepulte o exhume restos humanos sin requisitos legales. El artículo 225 impondrá prisión de seis a doce años y multa de 150 a 300 días a quien ordene o realice la cremación, destrucción o sepultura de restos humanos no identificados sin autorización.
La diputada Joana Felipe Torres enfatizó que esta iniciativa busca cerrar espacios de impunidad y responder al dolor de miles de familias que aún buscan a sus seres queridos. “No podemos permitir que los crematorios y panteones se conviertan en herramientas del crimen organizado para borrar las huellas de sus víctimas”, afirmó.
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MPH
