La Corte: Suprema
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Ahora sí, con todas sus letras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha retomado su papel de Poder garante del respeto a la Constitución y ha hecho valer su autonomía ante los deseos y designios del Ejecutivo al echar abajo el llamado “Plan B” de la reforma electoral.
La decisión de la Corte, en primer lugar, representa el segundo revés al intento del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar las reglas del juego electoral con miras al proceso federal de 2024 y, específicamente, la elección presidencial.
El “Plan A” nunca pudo concretarse, pese al intento de sumar a legisladores de oposición a la bancada de Morena; a final de cuentas solo uno cedió y con ello no alcanzaron la mayoría calificada necesaria para hacer las reformas constitucionales dictadas por el Presidente.
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Así surgió el “Plan B”: una serie de modificaciones a leyes generales que se realizó “al vapor”, sin la respectiva presentación y discusión en comisiones y buscando aprovechar la mayoría simple que en ese momento se tenía.
Las reformas se aprobaron y publicaron, lo que llevó a la oposición a presentar una controversia constitucional confiados en que se había violado el debido proceso legislativo y con un poco de incertidumbre respecto a cómo actuaría la Corte.
En el inter, el Presidente lanzó una andanada de ataques a los ministros, incluso llegando a llamar traidores a aquellos que habían sido postulados por él pero que votaron en en sentido contrario a sus deseos en el tema de la Guardia Nacional.
Los ministros no manifestaron ninguna reacción a los ataques presidenciales y tampoco lo hicieron ante el acoso violento de los seguidores de la 4T que llegaron hasta las puertas de la Corte para intimidarlos.
Incluso la consejería jurídica de la Presidencia intentó argüir que se había filtrado el dictamen del ministro Alberto Pérez Dayán previo a la discusión, pero quedó exhibida en su desconocimiento del tema cuando se mostró que hacerlo público es parte del debate legal.
Al final la Corte mantuvo la discusión en el ámbito de lo constitucional y, salvo las dos ministras del régimen obradorista, el resto hizo valer nuestra Carta Magna e invalidaron los cambios a la legislación que no cumplieron con el proceso correcto.
Los morenistas han intentado acusar a la Corte de ir en contra de la voluntad de la mayoría con el objetivo evidente de generar desinformación y tratar crear la percepción de que el deseo presidencial es la voluntad popular, lo cual es completamente falso.
Lo cierto es que el trabajo fundamental de la Corte es vigilar que se respete la Constitución y eso significa, como acabamos de ver, que si alguno o los otros dos Poderes hace algo que viole la Carta Magna, es la Corte quien debe hacerlo notar e invalidar dichas acciones.
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Lo que acaba de hacer la Corte (y lo que se espera que siga haciendo) es, precisamente, defender la Constitución del abuso cometido por parte de los legisladores de Morena quienes, en todo caso, deberán reponer el proceso legislativo si es que insisten en las reformas.
Con este movimiento, es prácticamente imposible que las reglas electorales para 2024 puedan ser modificadas y con ello se eliminaran aquellas decisiones que pretendían darle ventaja al partido en el poder en los siguientes comicios.
Atrás parece haber quedado la Tremenda Corte que encabezó Arturo Zaldívar que lo mismo resolvía con apego a la Constitución que salía con un argumento sin sentido para justificar un dictamen absurdo. Los tiempos cambian y la Corte mexicana vuelve a ser Suprema.
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