La guerra de los jueces

En los últimos meses, asistimos a una guerra política a gran escala, que tuvo como campo de batalla los tribunales y como armas, sus resoluciones. El motivo de la discordia: la reforma constitucional en materia judicial, que establece la elección de personas juzgadoras por voto popular. Fue una guerra que se prolongó por meses y que concluyó la semana pasada, con una sentencia de la Suprema Corte que finalmente despeja la vía para la elección judicial extraordinaria de este año.

La materia del caso era resolver un conflicto entre el Tribunal Electoral y diversos juzgados de amparo, con motivo de las suspensiones que, contra la implementación de la reforma, fueron concedidas por estos e invalidadas por aquel. La Corte resolvió que el Tribunal Electoral no tenía competencia para invalidar las suspensiones dictadas en amparo, pero también sostuvo que a través de amparo, no era posible detener el proceso electoral en curso.

De forma contundente, determinó que el amparo es improcedente en materia electoral. Aclaró que la naturaleza electoral de este proceso ya había sido definida por la propia Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos partidos políticos contra la reforma.Subrayó que la autonomía de los juzgadores para dictar sus resoluciones no significa que puedan hacerlo al margen del derecho y de los precedentes. Concluyó que las suspensiones fueron incorrectamente concedidas y ordenó que de inmediato sean revisadas. Los términos de la sentencia no dejan lugar a dudas de que dichas suspensiones deben ser revocadas.

En efecto, la Corte hace en su sentencia un llamado a un supuesto restablecimiento del Estado de derecho; a cumplir los fallos judiciales, y a interponer los recursos procedentes cuando no se esté de acuerdo con ellos. Con ello pretende reafirmar su autoridad de máximo tribunal y llevarse una victoria retórica. Pero al reconocer que las suspensiones fueron incorrectamente concedidas y diseñar un mecanismo que, en los hechos, remueve los obstáculos para la elección, queda evidenciado el problema de origen del conflicto: el uso político del sistema judicial por parte de sus propios operadores, para fines personales.

La razón por la que las suspensiones fueron incumplidas en un primer momento, por la que el Tribunal Electoral decidió invalidarlas y por la que ahora la Suprema Corte ha ordenado revocarlas, es porque a través de ellas, se pretendió frenar una reforma constitucional en forma ilegítima, en un esquema que al final, cayó por su propio peso. Las decisiones judiciales deben ser cumplidas, es cierto, pero el Estado de derecho no es un concepto autorreferente, que pueda existir sin un sustento mínimo de legitimidad. 

No puede subordinarse a intereses particulares. Eso es lo que tiene que cambiar.

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