La prisa del IEEM

El pasado 21 de julio el IEEM inició de facto el proceso para elegir a quien gobernará el Estado de México entre 2023 y 2029.

Aunque el Código Electoral señala que las comisiones permanentes del Consejo General se integrarán durante la primera semana de enero de 2023 (no es el caso de las especiales o temporales) sus integrantes decidieron adelantarse y crearlas antes de lo que marca el segundo párrafo del artículo 183.

Este hecho podría ser violatorio de la ley en otro lugar, pero no en una entidad acostumbrada a las complicidades de consejerías y representaciones partidarias.

En el acuerdo respectivo, el consejo general del IEEM expuso como motivación la necesidad de atender y desahogar oportunamente, en coordinación con el INE, diversas actividades relacionadas con la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral de 2023, antes del inicio del mismo.

Sin embargo, esto es una falacia. Tómese como ejemplo lo ocurrido en la elección de 2017.

En esa ocasión las comisiones permanentes se integraron hasta el siete de septiembre de ese año, fecha límite entonces establecida en el código electoral.

¿A través de cuáles comisiones se atendieron todos los asuntos electorales? Obvio, con las que ya estaban constituidas desde el proceso anterior.

Llama la atención que las intervenciones más agresivas de dos integrantes del consejo general no hayan sido sobre esta cuestión o sobre comisiones permanentes como la de Organización, columna vertebral del proceso electoral.

No, el objeto de atención de los representantes del PRI y del PAN, Tonatiuh Medina (en su clásico papel de golpeador) y Alfonso Bravo (ahora comparsa del sistema que antes combatió) fue la Comisión Especial para el Voto de Mexiquenses que radiquen en el Extranjero.

Acusaron a este columnista, presidente de esa comisión en 2017, de viajar a París, Nueva York y Miami a costa del erario público.

Sería ético que presentaran alguna prueba de ello, de lo contrario se confirmará que la calidad moral no es un atributo ambos, algo muy sabido en el ambiente electoral.

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La pregunta de fondo es entonces ¿por qué la prisa del consejo general del IEEM para integrar las comisiones permanentes? ¿Acaso es porque le interesa que alguna de las consejerías más confiables para el sistema ocupen ciertas posiciones desde ahora en ellas, para ir aplicando su estrategia electoral con miras a retener la gubernatura en 2023?

También llama la atención que ninguno de las representaciones partidarias o consejerías se haya opuesto a la iniciativa.

En 2017 se quiso hacer lo mismo, pero hubo oposición de integrantes del consejo y la iniciativa se abandonó, porque era ilegal.

Surgen muchas preguntas ante el hecho referido.

Una de ellas es ¿por qué el Consejo General del IEEM no muestra la misma prisa para atender lo relacionado con los evidentes actos anticipados de campaña de varios partidos, a través de un acuerdo que ordene a la Junta General la investigación correspondiente?

Al parecer porque su prioridad es solo cumplir con su función tradicional de brazo electoral del sistema.

Mal inicia Amalia Pulido como presidenta del consejo general del IEEM, avalando o promoviendo esta iniciativa.

Si el propio árbitro no respeta la ley ¿cómo le hará para que los contendientes lo hagan durante la competencia electoral? Todo parece indicar que la elección de 2023 estará llena de irregularidades de parte de instituciones y de contendientes políticos.

Si no se corrigen, podría ser una reedición de 2017.