La reestructuración del aparato de gobierno mexiquense
El pasado primero de agosto, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, Maurilio Hernández, declaró que su fracción parlamentaria está trabajando con el equipo de la gobernadora electa, Delfina Gómez, para modificar la denominación y composición de la administración pública estatal, a partir del 16 de septiembre. El anuncio no es menor. Puede convertirse en el inicio de una serie de cambios orientados a modificar el rostro del gobierno, para hacerlo más cercano a la gente y más distante de las élites económicas. También anunció que se estudia la posibilidad de bajar los sueldos de los altos funcionarios del gobierno estatal.
Los dos anuncios no son sorprendentes. Eran esperados porque es algo que ocurre con frecuencia en los cambios de gobierno, incluso con los del mismo partido. Esto era más previsible ahora que se trata del primer gobierno de alternancia en 94 años. Es claro que se busca establecer diferencias con un pasado caracterizado por gobiernos obesos e ineficientes, que fueron una fuente inagotable de corrupción y riqueza para quienes los encabezaban. Por eso, es tan importante establecer que hay un antes y un después con el nuevo gobierno de Delfina Gómez.
Todo parece indicar que el próximo gobierno estatal seguirá la misma ruta que el gobierno federal: desaparición, fusión o transformación de algunas secretarías o dependencias gubernamentales, para ahorrar y hacerlas más eficientes. Aparentemente se trata de hacer más con menos, para que los ahorros se destinen a proyectos prioritarios del nuevo gobierno o a incrementar las transferencias monetarias a los grupos sociales más vulnerables. Habrá que esperar los términos en que se aprueban las reformas a la legislación correspondiente.
Es deseable que la legislatura mexiquense y el equipo de transición tengan en cuenta lo siguiente, a la hora de hacer las reformas legales a la administración pública estatal: que las nuevas o modificadas instituciones serán las encargadas de enfrentar los graves problemas estructurales que los gobiernos del PRI no pudieron o no quisieron resolver durante décadas; que la solución de esos problemas es urgente, pues tiene que ver con la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía, y con el cumplimiento de derechos constitucionales como las libertades de tránsito o expresión.
La reestructuración del aparato de gobierno debe tener como ejes centrales algunos de los siguientes: el combate a la corrupción, a través de la anunciada nueva Secretaría de la Función Pública, o el bienestar de la sociedad, a través de la secretaría del mismo nombre, entre otros. Desde luego que la secretaría encargada de la seguridad debe proteger siempre a los ciudadanos y no a los grupos criminales que se han apoderado de vastas regiones de la entidad, imponiendo sus leyes de facto, en contra de los intereses de las mayorías.
Los retos para el próximo gobierno son enormes. Tendrá que ejercer sus funciones en el marco de un grave endeudamiento y un enorme déficit fiscal heredado de los gobiernos priistas. Este hecho obligará a ejercer el presupuesto público de manera muy responsable. Probablemente también se gobernará con varias medidas de austeridad para generar ahorros, tal como se ha hecho a nivel federal. Ojalá que la gobernadora electa nombre a personas idóneas para encabezar las secretarías y dependencias estatales que surjan de la reforma administrativa en ciernes. El futuro mexiquense depende de eso.
DB
