La reforma electoral en suspenso

El camino para la aplicación de la reforma electoral del presidente AMLO ha sido muy accidentado. Comenzó como una iniciativa de reforma constitucional, que no alcanzó la mayoría calificada para aprobarla. Terminó como una modificación de varias leyes relacionadas con los comicios. Sin embargo, el proceso legislativo no fue completado por el Senado de la República. Para ello tendrá que convocarse a un periodo extraordinario o esperar hasta febrero próximo a que sesione de nuevo el poder legislativo.

Mientras tanto, la reforma electoral estará en suspenso. Esto ha provocado las más diversas reacciones. Ciertos actores anunciaron que promoverán acciones de inconstitucionalidad ante el poder judicial; otros que presentarán amparos para evitar la disminución de sus ingresos; y algunos invocarán derechos laborales, para evitar despidos injustificados. El propio INE declaró que acudirá a los tribunales. Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) anunciaron que analizarán el impacto de las medidas aprobadas, para decidir las acciones legales a seguir.

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Incluso el IEEM y el OPLE de Coahuila firmaron un desplegado en este sentido, a pesar de que uno de los artículos transitorios del documento aprobado el 15 de diciembre, los excluye de la aplicación de las nuevas disposiciones normativas. Lo hacen porque saben que las modificaciones a la estructura del INE, especialmente la desaparición de la secretaría ejecutiva, al momento de la aprobación definitiva de la reforma electoral, tendría serias consecuencias en la coordinación organizativa de los comicios de 2023.

Mientras que ocurre la aprobación definitiva, publicación y entrada en vigor de la reforma electoral, el INE, el TEPJF, los OPLEs y los tribunales electorales locales también permanecen en suspenso. En el caso del primero, el llamado plan B ya provocó la renuncia de algunos directivos. No se descarta que haya más, así como la aplicación de un programa de retiro voluntario masivo. En casi todas esas instituciones hay una preocupación generalizada con la cuestión de los ingresos y la compactación de áreas administrativas.

En el caso del Estado de México, la preocupación es muy grande. Las percepciones de las magistraturas y consejerías electorales superan a las del presidente de la República. Si la reforma se aprueba tendrían que ser ajustadas a la nueva normativa. Lo mismo pasaría con la estructura operativa del IEEM, que sería compactada para observar lo dispuesto en la reforma comicial, en caso de ser aprobada definitivamente.

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Lo ya aprobado en la reforma legal implica un proceso de reingeniería electoral. Las instituciones comiciales tendrían que ser rediseñadas. Hacerse menos costosas y más austeras en sus procesos. Aunque varios de los OPLEs ya lo son, por el escaso presupuesto que les asignan los gobiernos estatales, otros como el IEEM siguen en el derroche financiero. Una muestra de ello es la reciente compra de camionetas nuevas para integrantes del Consejo General. En un momento político delicado tomaron una decisión anticlimática.

Aunque no se descarta que en varios de estos actores haya una preocupación real, por los impactos negativos de la reforma legal en los procesos electorales, tampoco se desecha la posibilidad de que otros lo hagan por defender intereses propios o para mantenerse en su zona de confort. Existe de todo en la llamada “gran familia electoral”. No hay que ver este problema solo en blanco y negro. También existen tonos grises.