La violencia política ¿una espiral sin fin?
Las campañas presidenciales en México iniciaron el primer día de este mes, sin que los acontecimientos violentos en el ámbito político cesen. El “Primer reporte de violencia política” de Integralia Consultores, publicado el 7 de febrero pasado, sostiene que el crimen organizado interviene en las elecciones de diversas formas, entre las que destacan las siguientes:1) asesinando, agrediendo y amenazando a funcionarios públicos y aspirantes; 2) financiando campañas; 3) imponiendo candidaturas; 4) movilizando o inhibiendo el voto y 5) alterando la votación en casillas.
En la actualización de ese reporte, del 1 de marzo pasado, se identifican seis entidades con un riesgo muy alto de intervención del crimen organizado en las elecciones: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, así como nueve entidades con un riesgo alto: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Tabasco, Veracruz y Estado de México. Este último aparece entre las entidades con alto nivel de riesgo. Se ubica en el rango de 3 a 10 víctimas de violencia política acumuladas por entidad.
Además, debe recordarse que el Estado de México limita con las dos entidades más peligrosas en todo el país. Este hecho debe ser una llamada de atención para que las autoridades gubernamentales y electorales de la entidad tomen cartas en el asunto. De lo contrario ¿qué pasará en caso de que las candidatas o el candidato presidencial visiten los distritos federales electorales de Tenancingo y Tejupilco?, los más próximos a la Tierra Caliente, que comparte con Guerrero y Michoacán. El mismo riesgo correrán quienes aspiren a los demás cargos federales y locales.
Entre las principales agresiones contra aspirantes o candidatos que destaca el Reporte, a nivel nacional, destacan las siguientes: asesinatos (38.6 por ciento); amenazas (27.3 por ciento) y atentados (18.2 por ciento). Según el Reporte, el partido que más ha sufrido de violencia política es Morena (31.8 por ciento); seguido del PAN (20.5 por ciento) y el PRI (11.4 por ciento). Un dato muy importante es que el ámbito comicial más vulnerable es el municipal. Ahí se han recibido 54.5 por ciento de las agresiones, seguido del federal, con 20.5 por ciento y del estatal, con 11. 4 por ciento.
Es necesario reconocer que las autoridades electorales, las instituciones de seguridad pública y los tribunales judiciales han sido incapaces de frenar significativamente la intervención del crimen organizado en las elecciones. Es difícil para todos los niveles de gobierno reconocer que la delincuencia organizada manda en gran parte del territorio nacional. A pesar de esas resistencias, es impostergable enfrentar este problema en suelo mexiquense. Por esta razón, es indispensable diseñar leyes, instituciones, programas, acciones y otros instrumentos necesarios para afrontarlo.
El Estado mexicano debe asumir la responsabilidad de combatir eficazmente a los grupos criminales, no sólo con la fuerza militar, sino cortando sus fuentes de ingresos, desarticulando sus sistemas de inteligencia y quitándoles bases sociales. Para detener la intervención del crimen organizado en las elecciones mexiquenses se requiere que alguien tome la iniciativa. A nivel federal, la asumieron los representantes partidistas ante el consejo general del INE, algo que no han hecho sus homólogos del IEEM, para discutirlo formalmente en una sesión. Hace falta mayor iniciativa institucional. ¿Quién la asumirá?
