Las reglas del juego democrático
Las reglas forman parte central de todo entramado democrático y para interpretarlas hay que hacerlas en su contexto especifico, es decir, las normas no se escriben de una vez y para siempre. Por eso, en las facultades de derecho se explican principios generales que son útiles frente a la duda; la ley es una construcción hacia el futuro y en consecuencia no puede hacerse en forma retroactiva. Adicionalmente, en materia electoral, los códigos establecen que la interpretación de los juzgadores debe ser no solo gramatical, sino que también el juzgador debe valorar cómo se integra la norma o el principio a un “sistema” legal o como debe “funcionar”, de ahí que la interpretación sea sistemática y funcional, además de gramatical.
Lo anterior viene a colación dadas las crecientes dudas que genera el principio de sobrerrepresentación que establece nuestra constitución y que francamente es analizado, muy frecuentemente desde la ignorancia de lo señalado previamente o desde la posición partidaria o simpatía ideológica; cada uno ve, lo que previamente ha decidido el grupo de adscripción al que uno pertenezca (sesgo de grupo) o polarización afectiva, como también se le conoce. Si estás a favor de Morena la sobrerrepresentación que pretende en la legislatura federal y que ahora consiguió en la local con una interpretación muy cuestionable, es producto de lo que dice la ley. Si estás en contra, por supuesto que la aritmética no falla, no puedes tener el 74% de la representación legislativa con el 53% de los votos, dado que el principio constitucional establece sólo un 8% de sobrerrepresentación. ¿De dónde vino ese criterio?
Durante décadas nuestro sistema electoral partió de un triunvirato (PAN/PRI/PRD) que llegó a concentrar hasta el 80% de los votos nacionales por varios lustros. Las reformas electorales estaban hechas para esa forma de expresión mayoritaria en donde nadie por sí mismo podría ganar más del 50% de los votos, bueno se llegó incluso hasta la reforma del 2014 (producto del Pacto por México) a incorporar el Gobierno de Coalición, ante la eventual y predecible incapacidad para gobernar sin consenso. Nadie había pensado hasta el 2018 que en nuestro país surgiría una fuerza política capaz de avasallar a sus adversarios como lo hizo el partido en el poder, ya en dos elecciones presidenciales seguidas.
Sin embargo, lo que ya había hecho el PRI en algún momento, como ahora lo hace Morena con toda claridad, es lo que en la materia se conoce como “fraude a la ley”, es decir, usar la “letra” de la ley para su beneficio; por eso se prescribió de nuestro sistema la sobrerrepresentación abierta, porque en algún momento de los 80´ el partido que tuviera más del 35% de los votos podría obtener hasta el 51% de la cámara, como sucedió en Morelos, Guanajuato, DF y otras entidades. Una posterior reforma electoral prohibió la transferencia artificial de votos (mediante convenios), pero en el camino, los partidos descubrieron una nueva fórmula para burlar la ley.
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Ya antes en el estado de México, el PRI postuló candidatos “sandías” como se les conoció en su momento; verdes por fuera y rojos por dentro. Es decir, los postulaba el Verde, pero obedecían al PRI. Pues bueno, ahora con los mismos Verdes, más los propios del PT, Morena pretende hacerse de una mayoría que no proviene del porcentaje exacto de los votos obtenidos en las urnas, sino de la simulación que deriva de los convenios de participación electoral. “El que hace la ley, hace la trampa” suele decirse cuando el legislador escribió una ley, pero quiso que tuviera una interpretación distinta. Lo dice la ley, sí, (la asignación se hará por partido no por coalición) pero el “sistema” busca la pluralidad política y evitar la sobrerrepresentación. Para que el sistema democrático funcione cabalmente, se requiere de normas claras y cuando estas no sean suficientes, de jueces que las interpreten; no para dar más poder a quien ya lo tiene, sino para distribuirlo de acuerdo con la expresión popular expresada en las urnas, ¡¡no más, pero tampoco menos!!
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