Ley Orgánica de la Administración Pública; el primer paso de la transformación

El nuevo grupo parlamentario constituido por Morena, PT y PVEM, así como los diputados sin partido que se integran a dicho bloque han presentado la iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México que técnicamente y de acuerdo con el artículo segundo transitorio abroga la ley orgánica que data de 1981. Paradojas del destino, el papá del actual gobernador fue el impulsor de esa ley, que tuvo diversas modificaciones, pero que le tocará derogarla a su hijo “Alfredo III” un príncipe claudicante. En 42 años pasamos de 9 a 16 secretarías, mismo número que se mantiene desde 1999. 

Sin embargo, la letra chiquita deja muchos temas que obligan a una mejor lectura y mayor detalle en el análisis de esta iniciativa. Los artículos tercero y cuarto transitorios establecen que la legislatura “deberá armonizar la legislación correspondiente en un lapso de 90 días a partir de la entrada en vigor de esta ley” que se supone será antes del próximo 14 de septiembre y aquí viene lo más interesante, el poder ejecutivo “deberá expedir la reglamentación de las dependencias en un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor” en ese lapso se aplicará la norma existente en aquello que no se contraponga con lo previsto en esta ley. 

Será un enorme reto para un nuevo gobierno que impulsa cambios profundos y que ya se puso su primer chaleco de fuerza, para hacer todo rápido y espero que también todo bien. No es gratuito que en las últimas cuatro décadas cada gobierno entrante hiciera modificaciones a la ley y eso facilitaba el desarrollo de las actividades y el adecuado funcionamiento de la administración pública. Pero ahora se obliga a un proceso de armonización complejo.

Invariablemente cuando se crea una nueva secretaría se hace sobre los esqueletos de la que desaparece, o bien, se mutila a otra que tiene plazas y presupuesto para crear una nueva y de hecho en la presente iniciativa se establece que dicha modificación “se hará incluyendo al personal a su servicio sin perjuicio de sus derechos adquiridos, el mobiliario, los vehículos, etc. (…) que tuvieron encomendados conforme a la ley anterior” este cambio tendrá un impacto complicado pues las bases del presupuesto se han integrado con base en una estructura orgánica existente hasta el 15 de agosto, fecha límite en la que la Secretaría de Finanzas integró el presupuesto de la entidad y se remitió a la Secretaría de Hacienda para que a su vez hicieran lo propio ante el Legislativo Federal que tendrá hasta el 15 de noviembre para aprobarlo en definitiva.

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Hay entidades que desaparecen pero hay otras nuevas como la Secretaría del Agua que tiene 37 nuevas atribuciones y para las cuales se tendrá que hacer todo el marco normativo para su operación administrativa, que naturalmente incluye organigrama, catálogo de puestos, descripción de funciones, reglamentos internos y demás disposiciones propias de una entidad administrativa, que de acuerdo con la iniciativa en comento es totalmente nueva y no se advierte, como sí sucede con la Consejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos que se formará con los recursos materiales, humanos y financieros de la extinta Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. 

Como se aprecia los impactos serán de una enorme complejidad porque los últimos treinta días para completar el plazo establecido por la ley, ya deberán existir todos estos cuerpos normativos para que la Ley de Ingresos y el Presupuestos de Egresos que aprobará la LXI legislatura del estado conozca, discuta y apruebe el tema de los dineros antes del próximo 15 de diciembre, plazo legal para aprobar el presupuesto local. El plazo que se ha establecido el nuevo equipo de gobierno me parece francamente apresurado y como se sabe, las prisas nunca son buenas consejeras.

SPM