Edoméx, 15 años de indolencia institucional a la violencia de género

La violencia de género en el Estado de México tiene profundas raíces sociales, de manera que es tan antigua como la entidad misma, tal vez más. Sin embargo, el manejo gubernamental de este problema tiene una historia más reciente que ha pasado por varias etapas, una peor que la otra, casi sin avance hace al menos dos sexenios y medio.

Desde las mujeres de Atenco en 2006, vejadas, humilladas, golpeadas como mecanismo de control a una movilización política, un ejemplo emblemático de la indolencia oficializada de un gobierno estatal que se negó una y otra vez a aceptar este fenómeno como un problema social al que hay que combatir. Con Enrique Peña gobernador tan simpático para las mujeres, de las que hizo un jugoso botín político que lo impulsó a la presidencia de la República, pero que nunca incluyó la defensa de su derecho a la vida libre de violencia en el discurso siquiera, mucho menos generó políticas públicas en la materia.

Sin embargo, ahí arreciaba la batalla de la oposición y la sociedad civil para impulsar la discusión seria del tema, la atención gubernamental y la alerta de Género, que tardó unos años más en llegar, cuando ya Eruviel Ávila era gobernador y su antecesor presidente de la República.

En 2015, finalmente se declaró la Alerta de Género parcial, solo en 11 municipios, casi 5 años después de conseguir la tipificación del feminicidio. Mientras tanto, entre 2015 y 2016 se registraron 626 asesinatos de mujeres. De ellos, solo 296 fueron clasificados como feminicidios y únicamente se lograron 10 sentencias en contra de responsables.

La administración de Eruviel Ávila tuvo un único logro para la defensa de las mujeres: las incluyó en el discurso. Desde la declaratoria de la Alerta, el ahora senador lo manejó bien mediáticamente -cosa que sí sabía hacer- al anunciar que su gobierno solicitaba la medida y con ello dar a conocer una serie de medidas tendientes a la defensa de las féminas, que se limitaron a una mala campaña con mensaje indescifrable que sirvió para nada. Entonces, la respuesta oficial fue palabrería, nada más.

Sin recursos, políticas públicas, o análisis real, llegamos al gobierno de Alfredo del Mazo, el mandatario estatal que desde la campaña se autodenominó el defensor de las mexiquenses y sus derechos. En su decálogo de propuestas se incluía en Estado Rosa, uno que sería protector y promotor del derecho de este sector a una vida libre de violencia.

En este sexenio, por primera vez vimos un esfuerzo institucional estructurado que, además, está acompañado por un presupuesto robusto para la atención de la violencia de género, con recursos estatales, hay que decirlo. Es decir, se supone que salimos del discurso y nos colamos en la realidad digna de ser atendida y hasta presupuestada.

Lo cierto es que las autoridades mexiquenses históricamente han regateado a sus mujeres el derecho a una atención eficiente, suficiente y digna. Esta es una historia de arrebatar cada avance de a poco y luego defenderlo con uñas y dientes, a riesgo de perderlo en la marejada de una estructura burocrática que permanece inerte ante las exigencias de la realidad social.

En los diez años recientes, se han denunciado 2 mil 367 mujeres y niñas en calidad de desaparecidas. En tierras mexiquenses, según las cifras más recientes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 5 millones ha enfrentado violencia alguna vez en su vida, es decir, 75.3%.

Alrededor de 2 millones de mexiquenses fueron sometidas a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual. El 53.3% de las mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja y el 54.5% por alguien ajeno, en diferentes espacios, tanto públicos como privados. 80 de cada 100 mujeres entre los 20 a 29 años y de 50 a 54 años de edad, han enfrentado por lo menos un episodio de abuso o violencia.

Y, de todos modos, cuando un grupo de mujeres se manifiesta en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Ecatepec, la respuesta es un desalojo violento, en el que los policías ministeriales muestran un comportamiento que nada le envidia al de los agentes del orden de Peña Nieto en Atenco.

No sólo la respuesta institucional es darle la espalda a las quejas, cerrar la cortina, violentar la posibilidad de diálogo, sino que después de tirar la piedra esconden la mano, se echan la bolita unos a otros y nadie asume su parte de responsabilidad.

El gobernador Alfredo del Mazo reprende públicamente al Fiscal Alejandro Gómez Sánchez, sin siquiera mencionar su nombre. El Comisionado de Derechos Humanos, Jorge Olvera, no intentó siquiera acercarse a las feministas para entablar diálogo, sólo solicitó intervención policial, para luego espantarse del resultado y esconder la cabeza.

Ahora, nos anuncian la creación de una secretaría de la Mujer, cuando una de las peticiones reiteradas de los colectivos es el despido de la Fiscal especial para Delitos de Género, Sandra Pacheco, por déspota e ineficiente. Ningún resultado positivo le es atribuible.

A este ritmo, nos va a llevar otros 3 sexenios que las políticas públicas bajen y tengan un impacto positivo. Y luego preguntan por qué tan enojadas, tan violentas, con esos modos tan feos para exigir.

Por lo pronto, es urgente que el gobernador comprenda que la respuesta a este problema tiene que dejar de ser política, empezar a ser práctica, para encontrar soluciones reales y alejarnos del discurso, que nada nos ha resuelto.