Los usos de la consulta popular

A menos de que ocurra algo extraordinario, el día de hoy no se alcanzará la participación de 40 por ciento o más de los inscritos en la lista nominal de electores para que se investigue a cinco ex presidentes por presuntos hechos ilegales durante su administración.

Es muy difícil que eso ocurra, por el limitado número de casillas que se instalarán en todo el país (57 mil, apenas 35 por ciento de las que se instalaron el 6 de junio) y por la escasa difusión que se ha dado en los últimos quince días a un evento que por primera vez se realiza en la historia nacional, lo cual podría ser muy frustrante para un amplio sector de la ciudadanía.

Para que eso no ocurra y se desperdicie el gran esfuerzo ciudadano para enjuiciar a esos cinco ex presidentes (Peña, Calderón, Fox, Zedillo y Salinas) se requiere que haya mucha voluntad de parte del presidente López Obrador y de quienes encabezan los poderes legislativo y judicial. Es necesario que desde sus ámbitos de competencia inicien las acciones legales que estén a su alcance, para que los actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos cometidos por los ex presidentes no queden impunes.

A pesar de que por el tiempo transcurrido ciertos hechos probablemente ya prescribieron, hay crímenes de lesa humanidad que todavía podrían ser castigados: Ocosingo y Acteal, Chiapas; Aguas Blancas y Ayotzinapa, Guerrero; Ciudad Juárez, Chihuahua; Allende, Coahuila, San Fernando, Tamaulipas; Tanhuato, Michoacán; Tlatlaya, Estado de México, y un largo etcétera de asesinatos sin resolver a lo largo de la historia de nuestro país, en donde parece que impera la ley de la selva y no el Estado de Derecho.

Aunque es previsible que la consulta de este día no alcance los resultados esperados por sus promotores de Morena y del gobierno federal, seguramente servirá como termómetro del ánimo nacional en contra de los ex presidentes mencionados.

Un país agraviado por tantas décadas de gobiernos corruptos y violadores de las libertades, emanados su mayoría del PRI y en menor medida del PAN, merece la oportunidad de que sean juzgados sus saqueadores y represores.

Si como dice el presidente López Obrador este país ya cambió, y él no es igual que los otros, es hora de comprobar que con la consulta o sin ella es posible que los ex presidentes rindan cuentan de sus complicidades, o al menos de sus omisiones.

Los resultados de la consulta no pueden ser usados para que López Obrador se lave las manos, si no se alcanza el mínimo legal, y eluda cualquier iniciativa propia bajo el pretexto de que su fuerte no es la venganza.

El gobierno actual tiene la oportunidad de que por primera vez se enjuicie a uno o varios ex presidentes. México es una de las excepciones en el mundo. Se ha juzgado a ex jefes de Estado en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Italia, Perú, Venezuela, entre muchos otros, pero nunca a un ex presidente mexicano, a pesar de su descarada corrupción, sus violaciones a los derechos humanos o sus complicidades con grupos delictivos.

Los más de 500 millones de pesos gastados en la consulta deben servir para algo. No pueden irse a la basura, porque a través de sus resultados se juzgará simbólicamente también a los grupos gobernantes que han usado los cargos solo para enriquecerse impunemente.

Para sepultar ese pasado de corrupción y represión es conveniente enjuiciar a los ex presidentes y a sus colaboradores más cercanos. Es justo y necesario para México.