Más de 200 custodios al banquillo por posible corrupción en penales

El autogobierno en los penales mexiquenses no existe, responde tajante el subsecretario de Control Penitenciario, en la entidad, Manuel Palma Rangel, a los familiares de personas privadas de la libertad que han denunciado en los últimos días casos de corrupción, abusos y cobro de cuotas al interior de los centros penitenciarios.

El funcionario explica que cuando llega a ocurrir un evento de esta naturaleza, las autoridades penitenciarias se hacen responsables, se ubica a quien lo cometió y se toman las acciones pertinentes.

Tan es así, dijo, que más de 200 custodios han sido enviados al Consejo de Honor y Justicia al presumirse que cometieron alguna falta o incumplieron con algún protocolo y de encontrarse responsables se aplican sanciones que van hasta la destitución. A la par, dijo se interponen las denuncias penales correspondientes.

Palma Rangel aseguró que en los penales se trabaja bajo protocolos y reglamentos y cuando llega a detectar un caso de esa naturaleza, dijo, las autoridades penitenciarias se hacen responsables, se ubica al interno o servidor público que lo cometió y se toman las acciones pertinentes.

“Lo estamos combatiendo (cobro de cuotas) y cuando llega a ocurrir, porque sí ha llegado a ocurrir, tomamos la responsabilidad, detectamos al implicado y se le sanciona”, refirió.

Señaló que aunque existe la posibilidad de que las personas privadas de la libertad intenten formar grupos al interior de penales, cuando se detecta esta situación se toman las acciones necesarias para evitarlo.

Rechaza traslados de presos discrecionales

Durante esta administración, más de dos mil personas privadas de la libertad han sido trasladadas a penales federales. Casi mil de ellas durante este año.

Al señalar lo anterior, Manuel Palma destacó que ésta es una cifra inédita, y observó que eso ha ayudado a reducir la sobrepoblación y evitar “a las personas más conflictivas, que ponen en riesgo la gobernabilidad del sistema”.

Con ello, agregó, también se busca “reducir los niveles de violencia al interior de los centros penitenciarios”.

Palma Rangel negó que los traslados se lleven a cabo de manera discrecional y que sea una represalia hacia las familias que protestan o han denunciado abusos, como lo señalaron algunas organizaciones civiles y familiares de personas privadas de la libertad.

Comentó que estos se hacen bajo un procedimiento administrativo, legal y criminológico, y cada caso es revisado por la autoridad federal y el Poder Judicial.

Explicó que la Ley contempla los traslados por medidas de seguridad: y por lo tanto solo son enviadas las personas que ya fueron sentenciadas, que tienen un perfil criminógeno alto y que ponen en riesgo la seguridad del centro penitenciario.

“No es potestad de la autoridad penitenciaria decir que tal persona ingresa a un lado o a otro, si no es una decisión de un juez (…) Se hace un análisis criminológico, se checa su situación jurídica. No podemos trasladar a procesados o con enfermedades crónico-degenerativas, tenemos que adjuntar toda la cuestión legal y el perfil criminológico y su situación de perfiles de alto riesgo”, mencionó.

“ Hacemos una carpeta por persona, se la enviamos a la autoridad federal y la autoridad federal revisa los perfiles caso por caso y finalmente valida que estas personas cumplan con los criterios y la autoridad federal define a qué penal se van a ir estos internos”, añadió.