México: entre el presupuesto 2025 y las calificadoras

Como lo señala la Constitución, sólo durante el primer año de un nuevo gobierno, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, presentó el 15 de noviembre el Paquete económico 2025 ante la Cámara de Diputados Federal.

Lo vemos en dos momentos muy claros, primero la Ley de Ingresos que son todas las contribuciones que el gobierno pretende cobrar a todos nosotros, como son: Impuestos, Derechos, Aportaciones de Seguridad Social, etc., aquí mismo se establece la deuda y el déficit con el cual la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pretende trabajar en el siguiente año fiscal. La ley es aprobada por ambas Cámaras, Senado y Diputados.

Una vez que se aprueba la Ley de Ingresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Federal, como una atribución exclusiva, elabora el Presupuesto de Egresos Federal 2025.

Las Participaciones Federales son el rubro más importante, porque es aquí donde las 32 entidades, todos los municipios del país y algunos organismos desconcentrados y descentralizados reciben dinero.

El Secretario de Hacienda resaltó que se dará prioridad a los programas sociales, entre ellos, la Pensión Bienestar para Mujeres; se ampliarán los proyectos de infraestructura, especialmente para la expansión del sistema ferroviario y proyectó que el crecimiento para el próximo año, será de entre 2 y 3%.

Precisó también que se plantea un déficit de 3.9% del Producto Interno Bruto en términos ampliados, y un déficit presupuestal de 3.2% del PIB.

Una mala señal se envió el 14 de noviembre, una de las tres calificadoras más importantes del mundo, Moody´s, disminuyó la calificación de México de Estable a Negativa, por el debilitamiento de políticas y entorno institucional, en referencia a la reforma al Poder Judicial.

En su comunicado, Moody’s indicó que la reforma al PJ provocará que se erosionen los controles y contrapesos del sistema judicial del país.

“La reforma constitucional corre el riesgo de erosionar los controles y contrapesos del sistema judicial del país, con un posible impacto negativo en la solidez económica y fiscal de México”, dice en un comunicado.

En Moody’s, aunque se dijeron esperanzados en que el país se beneficie de las inversiones de nearshoring (subcontratación de servicios o empresas ubicadas en zonas geográficas cercanas al país de origen)  durante los próximos años, también afirmaron que la reforma puede “debilitar la confianza de los inversionistas”

Lo cierto es que el arranque de la administración de la presidenta Sheinbaum no ha sido nada sencillo. 

Si a esto le sumamos la llegada a la Presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, quien ha sido muy claro cuáles son sus peticiones al gobierno mexicano, y que en caso de incumplimiento, el cobro de aranceles será perjudicial para la industria mexicana.

El tema de la reforma judicial no puede ser minimizado en la agenda del gobierno federal, porque corresponde al Poder Ejecutivo en su carácter de jefe de Estado explicar frente al mundo, sus razones y el porqué la efectuará, lo mismo que su impacto tanto al interior como al exterior.

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TAR