Alcances y límites del actual modelo de gestión del agua

¿Hasta dónde podemos aspirar a resolver los temas que nos preocupan referentes al recurso hídrico en México con el actual modelo de gestión y su arreglo institucional? Hagamos una revisión para evitar caer en decepciones por el trabajo titánico que realizan día con día los prestadores de servicios de agua y saneamiento del país, y que parece nunca ser suficiente y que cuándo se soluciona uno de tantos problemas siempre surge otro que nos agrava la situación.

El actual modelo de gestión ha permitido, a pesar de todo, contar con un porcentaje de la población con acceso a agua y saneamiento del 62% (PND, 2019), aunque la calidad de esos servicios es cuestionable, el modelo permite la conformación de múltiples figuras administrativas que parecen adaptarse a las condiciones de cada entidad o municipio, las aguas son consideradas como propiedad de la nación, por lo que están protegidas por la administración federal, se cuenta con una ley de aguas nacionales que ha permitido no caer en la anarquía del agua.

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Existen normas que especifican lo que se debe de cumplir con los diferentes procesos y manejo de los recursos, contamos con algunas opciones como mecanismo de financiamiento para los operadores de agua, la participación privada está considerada en diversos niveles, aunque siempre debe de cuidarse sus formas. Los servicios relacionados están consagrados en la carta marga, y finalmente, existen algunos prestadores que han logrado niveles de eficiencia adecuados y que son ejemplo para otros, hasta aquí lo que el modelo actual permite en términos generales para nuestro país, sin embargo parecieran ser mayores los límites, veamos.

No se ha logrado una cobertura universal y con la calidad adecuada, no hay una revisión suficiente de qué figura administrativa es la más óptima para cada municipio, no existe una gestión a nivel de cuenca (salvo contados esfuerzos), no hay la capacidad institucional a nivel federal para supervisar las 517 mil concesiones y asignaciones a nivel nacional, tal vez provocado por la poca recaudación de derechos de extracción que rondan los 25 mil millones de pesos a nivel federal para atender ésta y otras tantas responsabilidades que tiene la CONAGUA.

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La ley de aguas nacionales vigente no atiende a detalle el cumplimiento de los derechos humanos al agua y saneamiento, tenemos un retraso de más de 10 años en la aprobación de la Ley General de Agua, las normas oficiales no se cumplen y es raro cuando se tienen consecuencias de ello; el modelo actual no ha logrado establecer un servicio civil de carrera que garantice contar con los mejores cuadros profesionales y técnicos tan necesarios cuando se cuenta con tan poca disponibilidad financiera de los organismos, lo que nos lleva al siguiente punto, el modelo ha resultado ser una fábrica de organismos operadores en quiebra.

No existe posibilidad de regulación de la prestación de los servicios desde el nivel federal, CONAGUA no cuenta con facultades y atribuciones para garantizar; la planeación es otro elemento olvidado, lo que está provocando hoy, y lo será más agudo en el futuro próximo, crisis del agua por la falta de disponibilidad, el modelo no ha permitido contar con información veráz y oportuna; las responsabilidad al no estar claras en cada órden de gobierno, provoca que éstas se diluyan y no se tenga claro quién debe hacer qué, como conclusión, es necesario tomar en cuenta estos alcances y límites y reconocer que mientras no se atiendan de fondo, lo que hagamos serán sólo paliativos para atender uno de los temas más importantes para la viabilidad de nuestro México.

Hugo Roberto Rojas Silva