Mujeres no acceden a la justicia por incapacidad estructural del sistema, asegura abogada

La abogada Isabel Esteve Gómez Mont asevera que en México existe una crisis de acceso a la justicia para las mujeres, pero no por insuficiencia normativa, sino por la incapacidad estructural del sistema para operar conforme a la ley.

Lo anterior lo planteó en el artículo “Fragmentación Institucional y Acceso a la Justicia para las Mujeres en México”, el cual forma parte del Informe de Género Nosotras en México 2026, una compilación de la Asociación Civil “Nosotras para Ellas”.

Abogada señala crisis en el acceso a la justicia para mujeres

En el texto, la abogada recalca que la crisis de acceso a la justicia para las mujeres es funcional, organizacional y profesional, y es que el proceso penal, concebido como garantía sustantiva, opera en la práctica bajo condiciones de fragmentación institucional, desarticulación operativa, sobrecarga estructural y desigualdad informativa; condiciones que no son meramente administrativas, sino que generan efectos jurídicos concretos como la pérdida de oportunidades probatorias, debilidad en la integración de las investigaciones, insuficiencia en las medidas de protección y desgaste procesal que culmina en el abandono o acuerdos que no garantizan seguridad plena.

La asociada del despacho Nassar Abogados subraya que ante este panorama se requiere una reconfiguración operativa del modelo de atención y litigio en casos de violencia contra las mujeres; por ello es indispensable establecer mecanismos vinculantes de coordinación interinstitucional, con interoperatividad efectiva de información, protocolos homologados y sistemas de seguimiento integral de casos que eviten duplicidades y contradicciones, pues la coordinación no puede depender de la voluntad individual de los operadores; debe estar institucionalizada y supervisada.

Necesaria la profesionalización técnica

Asimismo, dice que es necesario fortalecer la profesionalización técnica de quienes intervienen en el proceso penal, además de garantizar el derecho a la información clara y comprensible, el cual es un componente estructural del acceso a la justicia.

De igual manera, propone implementar modelos de acompañamiento integral sostenido que reduzca la carga emocional y logística que actualmente recae en las victimas.

“El Estado mexicano debe reconocer que la efectividad del acceso a la justicia no se mide por estadísticas de apertura o cierre de expedientes, sino por la capacidad real de producir protección, sanción y reparación en condiciones de dignidad y sostenibilidad para las mujeres. Mientras el sistema continúa operando de manera fragmentada, reactiva y desarticulada, la brecha entre el reconocimiento normativo y la justicia efectiva persistirá”, acentúa en el texto.

Isabel Esteve Gómez Mont insiste en que, mientras el sistema penal opere bajo inercias fragmentadas, brechas técnicas y cargas desproporcionadas trasladadas a las mujeres, el acceso a la justicia será solo una promesa formal y no una realidad tangible, y es que ‘la igualdad sustantiva no puede descansar en el heroísmo individual de algunos operadores, ni en la resiliencia de las víctimas; debe sostenerse en instituciones capaces, coordinadas y evaluables’.

Finalmente, la jurista reitera que cuando el proceso penal incumple su función protectora, el Estado no solo vulnera una obligación jurídica; traiciona la exigencia ética elemental que sostiene la promesa de igualdad sustantiva. Por lo tanto, la igualdad deja de ser un mandato operativo para convertirse en una declaración vacía, y la justicia en una expectativa que el propio sistema frustra.

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MPH