No, la ley no es la ley

La expresión “la ley es la ley” sugiere una certeza absoluta, como si los textos legales fueran reglas inmutables y claras. Sin embargo, esta idea es una ilusión. Los textos legales, lejos de ser precisos como una fórmula matemática, son inherentemente ambiguos y requieren interpretación, lo que pone en duda su supuesta infalibilidad.

En primer lugar, el lenguaje mismo es el origen de esta ambigüedad. Los textos legales no siempre tienen un significado unívoco. Términos como “orden público” o “buena fe” son comunes en códigos legales, pero su interpretación depende del contexto, la cultura y las circunstancias. Esta vaguedad no es un defecto, sino una característica deliberada: las leyes deben ser lo suficientemente flexibles para aplicarse a una variedad de situaciones impredecibles.

Además, las normas no existen en el vacío. Su aplicación depende de la manera en que son interpretadas por las personas operadoras del sistema jurídico. Cada intérprete aporta su perspectiva, influida por su formación, ideología, valores y su filosofía judicial. 

También influyen en la interpretación los cambios sociales y el momento histórico en que se aplican las leyes. Cuando una constitución permanece sin cambios por décadas, la interpretación cumple la función de hacerla evolucionar para actualizarla al contexto actual. Así por ejemplo, conceptos como libertad de expresión y censura adquieren un nuevo contenido y un nuevo sentido de cara a los desafíos de la era digital.

Otro factor es la contradicción entre leyes. Mantener coherencia entre los distintos ordenamientos es una tarea casi imposible. Normas de distintos niveles o emitidas en distintos momentos históricos pueden entrar en conflicto. Resolver estas tensiones requiere priorizar unas sobre otras, un proceso que no está dictado por la ley misma, sino por criterios interpretativos.

Por último, la interpretación legal no es neutral. Factores externos, como la presión social, el poder político o los intereses económicos, influyen en cómo se aplica la ley. Las decisiones judiciales a menudo reflejan más las dinámicas de poder que una aplicación “objetiva” del texto legal, así por ejemplo, en los últimos años  un amplio sector del gremio jurídico parece haberse cohesionado en torno a la idea que solo los fallos contrarios al gobierno serían jurídicamente aceptables, partidizando así la justicia constitucional.

En conclusión, la ley no es un mandato claro y universal, sino un punto de partida que requiere interpretación. Su ambigüedad es tanto su fortaleza como su debilidad, permitiendo adaptabilidad, pero también subjetividad. Afirmar que “la ley es la ley” ignora esta realidad; la ley es, en última instancia, lo que los intérpretes deciden que sea y de ahí la importancia de que quienes aspiramos a ocupar cargos jurisdiccionales hagamos explícitos los criterios interpretativos con los que estamos comprometidos.

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TAR