No sienten lo duro sino lo tupido
La Fuente
Durante décadas se ha puesto de manifiesto la mala gestión de los recursos hídricos.
La constante ha sido una tarifa, relacionada con el servicio de agua, muy por debajo del costo de producción, un deficiente cumplimiento con los parámetros de calidad, la ineficiencia en los procesos, una alta rotación del personal en los organismos operadores, así como un aumento constante de los costos relacionados al subsector, entre otros.
En la entrega pasada tratamos el tema del impacto económico de la reforma energética del 2017 en las finanzas de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento (SAPyS), una medida que, en otras circunstancias, hubiera obligado a mejorar la eficiencia energética, sin embargo, no fue así y en algunas entidades se duplicó su recibo de consumo de energía eléctrica, lo que puso en jaque la sostenibilidad económica de los prestadores.
Otro de los factores que influyeron de manera desfavorable fue la reducción de más del 80% del presupuesto federal a los SAPyS, principalmente en el Programa de Agua Potable de la Comisión Nacional del Agua (Proagua), llamado anteriormente Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas (APAZU).
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Dicha disminución no tuvo una justificación específica, no se explicó si fue a raíz de una política pública o de un mecanismo que compensara estos recursos que tienen como fin la inversión en las ciudades
Pero no solo se redujo el monto de este programa, sino que desaparecieron algunos otros, como el Pograma de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) que apoyaba con un porcentaje del costo del tratamiento adecuado de las aguas y que, de mantenerse vigente, hubiera sido de gran ayuda para cumplir con todos los lineamientos de la NOM-001-SEMARNAT-2021.
Un elemento que no se pudo prever, y obvamiente no fue exclusivo de México, fue la pandemia por el COVID, lo que también redujo ingresos por la suspensión de las actividades económicas, lo que perjudicó las tarifas relacionadas con el agua que permiten subsidiar el sector doméstico. Además, los costos de operación aumentaron debido a un incremento neto de agua en las ciudades de hasta el 20% debido al confinamiento y las medidas de higiene recomendadas.
Por otro lado, está la falta de legislación en materia de los Derechos Humanos al agua y saneamiento. Hasta el momento no se han podido identificar los derechos y obligaciones de cada actor social, de cada uno de los tres órdenes de gobierno en el cumplimiento del Artículo 4° de la Constitución Mexicana, que sin duda es una condición necesaria, pero insuficiente.
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A todo lo anterior, se le suman las actualizaciones de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que atañen directamente a la operación de los SAPyS.
La primera de ellas fue la NOM-001-SEMARNAT-2021, relativa a la descarga de aguas residuales a cuerpos de agua y bienes nacionales.
Nadie puede negar la necesidad de contar con normas actualizadas que, como ésta, pretenda reducir la contaminación provocada por las aguas tratadas, sin embargo, sin un plan nacional que haga posible su cumplimiento, será muy dificil que se logren los objetivos para la que fue publicada.
Hace un par de días se publicó, sorpresivamente, la actualización de la NOM-127-SSA1-2021, dirigida al agua para uso y consumo humano.
Como era de esperarse, se agregan y endurecen parámetros que contribuyen a una mejora en la calidad del agua. Sin duda son mejoras que contribuyen a la inocuidad del agua, pero al igual que la NOM-001-SEMARNAT, representarán un impacto económico insostenible en las condiciones actuales de los SAPyS.
Los retos se han acumulado con mayor intensidad los últimos años. Ojalá se diseñe e implemente un programa que fortalezca las finanzas y las capacidades de mejora institucional de los SAPyS, que les permita enfrentar las regulaciones y los desafíos, cada vez más intensos y frecuentes.
