Nuevas medidas protección a inmigrantes entran en vigor el lunes en EU
Roberto García cruzó la frontera desde México en 2009 buscando una vida mejor. Desde hace ocho años está casado con una estadounidense, y juntos tienen tres hijos, todos ciudadanos de Estados Unidos, sin embargo, García es el único en la familia que no tiene estatus legal en el país ni medidas de protección a inmigrantes.
Hace siete años, García inició el proceso para legalizar su situación migratoria. Aunque su solicitud fuera aprobada, se le exigiría regresar a México, sin garantía de que podría regresar a su hogar en Los Ángeles.
Listas nuevas medidas protección a inmigrantes
La incertidumbre de separarse de su familia y la angustiosa espera lo han afectado profundamente.
En estos siete años, no ha logrado obtener una cita en el consulado estadounidense en Ciudad Juárez, México.
Recientemente, el gobierno del presidente Joe Biden lanzó un programa que comenzará el lunes, el cual permitirá a algunos cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal, como García, regularizar su situación sin tener que salir del país. Esta noticia ha traído esperanza a García y a muchas otras personas en su situación.
“Por fin parece posible”, comentó García, de 37 años. “Imagino el momento de tener esos papeles tan importantes que tantos desean”.
Este nuevo programa ofrece una oportunidad única para eliminar el miedo a la deportación y acceder a la ciudadanía.
Sin embargo, existen preocupaciones: ¿quiénes serán los beneficiarios? ¿El programa enfrentará desafíos legales? Y lo más inquietante, ¿sobrevivirá hasta las próximas elecciones presidenciales?
De acuerdo con la política anunciada por el presidente en junio, muchos cónyuges sin estatus legal podrán solicitar un “permiso de permanencia temporal en el país”, lo que les permitiría permanecer en Estados Unidos, solicitar la residencia permanente (green card) y, eventualmente, obtener la ciudadanía.
Para ser elegibles, los solicitantes deben haber vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años, no representar una amenaza a la seguridad, no tener antecedentes penales que los descalifiquen, y estar casados con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio, el día previo al anuncio del programa. Además, deben pagar una cuota de 580 dólares y completar un extenso formulario explicando por qué merecen el permiso, acompañado de documentos que demuestren su permanencia en el país.
El gobierno estima que alrededor de 500 mil personas podrían calificar, junto con aproximadamente 50 mil de sus hijos.
Antes de este programa, era sumamente difícil para quienes vivían sin autorización en Estados Unidos obtener la green card tras casarse con un ciudadano. Se les exigía regresar a su país de origen, a menudo durante años, y siempre existía el riesgo de no poder volver.
El anuncio de este programa ha generado un gran interés en todo el país. Grupos de defensa de inmigrantes se han movilizado para ayudar a las parejas a entender los requisitos y combatir la desinformación, incluso emitiendo anuncios de radio.
“Hay mucho interés, pero también muchas preocupaciones”, señaló Carolina Castaneda, abogada del Centro de Recursos Jurídicos para Inmigrantes en Central Valley, California.
Los activistas y abogados están evaluando los riesgos de presentar la solicitud, considerando la posibilidad de impugnaciones legales por parte de los republicanos, y lo que podría suceder si Donald Trump, quien ha prometido deportar a millones de inmigrantes, regresa al poder tras las elecciones de noviembre.
La comunidad inmigrante es más cautelosa ahora que cuando se lanzó el programa DACA en 2012, señaló Karla Aguayo, directora de servicios jurídicos de CHIRLA, la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles.
“Las personas se preguntan, ‘esto está bien, pero ¿cuánto tiempo durará?’”, dijo.
A pesar de la emoción inicial, la mayoría de las personas atendidas por estos grupos no calificarán, debido a razones como haber salido del país en algún momento, lo que las descalifica.
Para María Zambrano, de 56 años y residente de Bal Harbour, Florida, la posibilidad de que Trump gane las elecciones aumenta la urgencia de presentar la solicitud lo antes posible.
Llegó a Estados Unidos desde Colombia en 2001 y nunca ha vuelto a su país. Trabaja como tutora de español y tiene su propia empresa. Hace siete años se casó con un ciudadano estadounidense, pero, al igual que García, aún espera su cita en el consulado estadounidense en Colombia.
Ahora, tiene la oportunidad de evitar ese arriesgado viaje.
Esta oportunidad podría cambiar sus vidas
Los inmigrantes que, a diferencia de García y Zambrano, ya están en el radar del gobierno, podrían temer presentar su solicitud, especialmente si Trump regresa a la presidencia, ya que el gobierno sabría quiénes son y dónde están, señaló Charles Kuck, abogado de inmigración en Atlanta.
“¿Existe un riesgo? Cien por ciento”, afirmó Kuck.
García y Zambrano ya imaginan cómo esta oportunidad podría cambiar sus vidas.
García y su esposa María, de 44 años, se reunirán con su abogado de inmigración un día después de que el gobierno comience a aceptar solicitudes el lunes. María, quien sufrió un accidente hace un año y no puede trabajar, dijo: ”Mi mayor miedo es que (García) no pueda volver” si viaja a Ciudad Juárez.
García, que es el único proveedor de la familia y se encarga de llevar a los niños a la escuela, no puede asumir ese riesgo, incluso si finalmente obtiene una cita.
Zambrano, por su parte, espera poder viajar a casa para visitar a sus padres y hermanos, obtener una licencia de conducir, un seguro de salud, una casa y, quizás, algún día votar.
García, quien afirma haber pagado impuestos desde 2010 y está estudiando para obtener su licencia de contratista, también sueña con lo que podría hacer con una green card. Lo primero: viajar a México para ver a sus padres y a sus siete hermanos por primera vez en 15 años.
“Son muchos años sin verlos, sin hablar con ellos cara a cara. Trato de no pensar en eso”.
Con información de: La Jornada
