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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una resolución judicial que obliga al pago de 62 millones 877 mil 192 pesos en favor del Estado mexicano, al acreditar la responsabilidad penal de dos exfuncionarios federales y estatales en la comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de un convenio irregular firmado en el contexto del esquema conocido como la Estafa Maestra.
De acuerdo con el comunicado 814/25, la sentencia recayó en José Francisco Monroy Gaytán, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), y en Ricardo Mejía Zayas, exdirector general adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Ambos funcionarios suscribieron un convenio mediante el cual se adjudicaron servicios a la institución académica sin garantizar las condiciones más favorables para el Estado en precio, calidad y oportunidad.
Exfuncionarios de Sedesol y la UIEM, responsables
La FGR precisó que la UIEM subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos con Sedesol, pero a un costo menor, lo que generó un daño directo a la hacienda pública federal por el monto señalado. El Ministerio Público Federal aportó las pruebas que permitieron acreditar las irregularidades y obtener la resolución condenatoria.
Conforme a la sentencia, los dos responsables podrán acceder a los sustitutivos legales previstos en el Código Penal Federal, siempre que garanticen o cubran de manera íntegra la reparación del daño al erario.
Caso vinculado a la “Estafa Maestra”
Información complementaria difundida por el semanario Proceso señala que la resolución se inscribe en una de las ramas de investigación vinculadas a la llamada Estafa Maestra, esquema mediante el cual universidades públicas fueron utilizadas para subcontratar servicios que, en los hechos, no ejecutaron. Con esta decisión judicial, ambos exfuncionarios quedan obligados al resarcimiento económico como condición para evitar penas de prisión.
La FGR sostuvo que continuará con las acciones penales necesarias para recuperar recursos públicos desviados mediante mecanismos similares y reiteró que la reparación del daño es un componente central en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
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TAR
