¿Pagamos mucho o poco por los servicios de agua?

Con los datos recién publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con información de las cuentas públicas de los Municipios y Entidades Federativas de México del 2022, resalta información digna de análisis.

Mucho se ha escrito y hablado acerca de lo que pagamos por los servicios relacionados con el agua (agua potable, drenaje, tratamiento, etc), y como en casi todo en la vida, debemos poner las cifras en perspectiva.

En primer lugar hay que decir que la recaudación local ha tenido un incremento constante desde el año 2004, pero su composición es lo que ha cambiado, en aquel año los ingresos locales por agua representaban 30% mientras que por predial (el impuesto más importante para los municipios) era del 22%, ahora en 2022, el agua representa el 21% y el predial 18%, siendo los impuestos de otra índole los que alcanzan hasta el 40%, la buena noticia es que predial, impuestos y derechos han demostrado un esfuerzo recaudatorio favorable, aunque no suficiente.

La recaudación por los servicios de agua han sido desde el 2004 mayores que los ingresos por predial, sólo que ésta brecha se está reduciendo, en 2022 los ingresos por agua fueron $82,245 millones de pesos, mientras que por predial alcanzaron los $71,797 millones de pesos, ¿es ésta cantidad suficiente para cubrir los costos de operación de la prestación del servicio?, no lo es ni por cerca. De acuerdo a cálculos realizados por este autor, para poder operar eficientemente los sistemas de abastecimiento público se deben destinar $220 mil millones anuales, por tanto estamos recaudando apenas el 37% de lo que necesitamos, ojo, éste monto no contempla ampliaciones ni rehabilitación de infraestructura. 

El monto de inversión recomendado para México en este rubro, de acuerdo a la CEPAL, es del 1.3% del PIB, es decir, debiera ser superior a los $250 mil millones de pesos anuales de forma sostenida por al menos una década. Por otro lado, del monto recaudado anual en México, pensando en cifras alegres, sólo un 10% se destina a Inversión y el 90% a tratar de cubrir la operación, entonces tenemos que se invierten sólo $8,224 millones de pesos, que si le sumamos otro monto igual por inversiones de los Estados y de la Federación, llegaríamos apenas a $16,449 millones, es decir, apenas estamos invirtiendo el 7.48% de lo recomendado.

Cómo es de esperarse, las diferencias entre Estados es enorme, Baja California tiene la mayor recaudación anual per cápita, mientras que Oaxaca tiene la más baja, $2,032 y $80, respectivamente. Con la información obtenida del monto requerido para operar adecuadamente y con la población del 2022, cada habitante debería pagar anualmente por su recibo $1,706 pesos, ningún Estado salvo Baja California lo estaría cubriendo.

El Estado de México se encuentra en el lugar 20 nacional, con una recaudación per cápita de $413; a nivel municipio, sólo uno del Estado de México aparece en el ranking de los 30 municipios con mejor recaudación, Tlalnepantla está en el lugar 29.

Por supuesto, los costos de eficiencia varían de una ciudad a otra, el tema de la calidad del servicio es un tema que debería en primer lugar garantizarse por cualquier responsable de prestar el servicio, y lo más importe, no todos los habitantes, localidades o municipios podrían pagar el costo más inversiones necesarias, por eso es necesario que cambiemos el modelo de financiamiento de la prestación del servicio, ¿quién debe cubrir el faltante de recursos económicos?, ¿quiénes deben de aportar?. Lo único cierto es que bajo las condiciones actuales, el grado de desinversión no garantiza los derechos humanos al agua y saneamiento, ni es posible pensar en un modelo sostenible ni a corto, ni a largo plazo.

TAR