Perfiles necesarios en el subsector de agua y saneamiento

La situación de la prestación de servicios públicos como el agua potable y el saneamiento enfrenta retos que no son fáciles de vencer en las condiciones actuales de México. Ya hemos mencionado los graves problemas que enfrentamos por un modelo de gestión basado en una teoría económica y un sistema político que no permite cumplir con los derechos humanos al agua y al saneamiento.

Específicamente, los responsables de dotar estos servicios operan en números rojos, operan con rezagos históricos de infraestructura y una rotación de personal casi constante para un sector tan estratégico. Por mencionar un ejemplo, un director dura en su encargo, en promedio a nivel nacional, 1.8 años. Es imposible llevar a cabo un proceso de mejora en tan poco tiempo.

Otro elemento importante de alto impacto es la percepción de la ciudadanía que recibe los servicios. En México durante muchos años hemos sufrido de un ambiente generalizado de malos servicios públicos. En la reciente “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021”, elaborada por el INEGI, el servicio público básico mejor evaluado es la recolección de basura, donde el 70.5% de la población la califica como satisfactoria, seguido del servicio de agua potable con 53.7%. Cabe señalar que respecto al 2019 este porcentaje cayó 2.3%, es decir, se ubicaba en 56.0%. El servicio de drenaje y alcantarillado también tuvo una disminución (aunque marginal), ubicándose en 45.6%. Debajo de estos porcentajes, ya de por si bajos, se encuentran parques y jardines públicos, alumbrado público, carreteras y caminos sin cuota, policía y finalmente calles y avenidas. 

El pago que realizamos los ciudadanos por todos los servicios, excepto el agua, drenaje y alcantarillado, se realiza de manera indirecta, a través de impuestos locales como el predial o por partidas de aportaciones y participaciones estatales y federales, de manera que no existe un “castigo” que se refleje en la recaudación de estos impuestos y/o derechos, sin embargo, en el tema del agua y otros servicios relacionados se paga, en la mayoría de las ciudades pequeñas, medianas y grandes de nuestro país, de forma mensual o bimestral y la eficiencia de recaudación (capacidad de cobrar lo facturado) tiene una alta correlación con la calidad de sus servicios.

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Está demostrado que poco tiene que ver lo alto o bajo que una tarifa de agua se cobre, lo que verdaderamente impacta en los ingresos de los organismos operadores es la calidad del servicio, prueba de ello es Tijuana, León y Querétaro que por mencionar algunos tienen tarifas cercanas a su verdadero costo de prestación y sin embargo tienen eficiencias arriba del 80%, mientras que tarifas más bajas como Mazatlán, Hermosillo y Campeche, tienen una eficiencia de recaudación por debajo del 60% respecto a lo que cobran.

Es en este escenario donde los perfiles de los Directores toman relevancia, al tener que contar con capacidades de enfrentarse a un entorno adverso, donde las habilidades gerenciales y operativas deben de haberse adquirido preferentemente de forma previa, es decir, contar con la experiencia que le permita hacer algo útil en el año y 8 meses que le toca estar al frente en promedio, deben contar con una visión alejada de la politiquería de “no te cobro, pero no me exijas”, y sobretodo no dejar dudas de que los recursos que pagaremos serán destinados a los fines para los que fueron establecidos, la percepción de confianza de nuestras autoridades tiene también una fuerte correlación con la disposición de cumplir con nuestra responsabilidad de pagar nuestros impuestos o derechos. 

El subsector de agua y saneamiento debe estar vacunado de elementos que no ayudan al cumplimiento de quizá uno de los derechos humanos básicos más esenciales para nuestra vida, ese es un buen mensaje que deben mandar los responsables de las designaciones de nuestros funcionarios.