Perspectiva ciudadana en un entorno de crisis del agua

Cuando un problema hace crisis en una sociedad tan comunicada como la nuestra, la información se transmite a gran velocidad, sin embargo, lo que se difunde no siempre hace honor a la verdad.

Es obvio que en un entorno como el que estamos pasando, de escasez de agua, habrá reclamos legítimos de la ciudadanía que buscan hacer público su problema para recibir una solución, pero también se presta para un uso político y malintencionado que confunde la percepción ciudadana y que, por supuesto, no abona en nada a la solución.

Los gobiernos del mundo han utilizado por décadas el concepto de gobernabilidad, que se define como el equilibrio dinámico entre el nivel de demandas sociales y la capacidad del sistema político para responder de forma legítima, oportuna y eficaz.

Ésta propone redefinir las políticas públicas procurando alcanzar los objetivos en términos de sostenibilidad financiera, reduciendo en la manera de lo posible el conflicto y buscando la justicia social.

La gobernabilidad es sin duda una condición necesaria, pero no suficiente, para la solución de problemas de una sociedad, aunque su aplicación queda rebasada en el momento que no se entiende el fondo o la causa verdadera del conflicto.

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En un tema tan fundamental para la existencia de la vida como lo es el agua, se deben socializar las decisiones, para ello es necesario también informar a la población de cuál es la naturaleza del problema, las opciones que se tienen de solución, probables costos y beneficios, tanto en la actualidad como en el futuro.

A partir de la década de los 90 cobró fuerza un concepto más integrador conocido como gobernanza, que se define como un conjunto de procesos e instituciones ─formales e informales, públicas y privadas, nacionales e internacionales, globales y multilaterales─ por medio del cual la acción social contribuye o ejecuta parte de las actividades previamente reservadas para el gobierno e incluso para el estado.

Es una manera de gobernar que, en tanto reestructuración del estado, pretende un sano equilibrio entre los poderes del gobierno, la sociedad civil y el desarrollo económico. 

La gobernanza fomenta la participación de la sociedad organizada con la finalidad de que actores diversos logren acuerdos para garantizar el acceso sostenible y equitativo a los servicios de agua y saneamiento, así como para determinar el carácter y el rumbo de los cambios requeridos y la manera de realizarlos.

Por una parte, la gobernanza implica la participación social en la toma de decisiones y una corresponsabilidad en las acciones por realizarse, y por otra, la participación de los sectores más vulnerables, también permite explorar múltiples formas de acceso al agua, con diferentes componentes, estructuras, formas de organización, costos y sistemas.

Una de las virtudes de la gobernanza sobre la gobernabilidad es que permite construir soluciones consensuadas, construidas por todos los involucrados en el tema, pero eso si, para ello se deben establecer también los mecanismos de participación.

Es una condición también que como ciudadanos nos informemos a través de fuentes fidedignas, que asumamos nuestra responsabilidad en la causa del problema y asimismo en los compromisos que habremos de asumir como sociedad civil.

Es imperativo que sepamos reconocer acciones malintencionadas y que sean rechazadas por promover soluciones que no tienen como fin último el bien común, 

En un tema como el agua no podemos darnos el lujo de no tener acuerdos, de soslayar su importancia, de lo contrario la crisis del agua en México será una situación permanente.

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