Piden fortalecimiento de Ministerios Públicos en materia de violencia de género

A diez años de la implementación de las Alertas de Género por feminicidio y desaparición, el Estado de México fortaleció su marco legal, pero en los Ministerios Públicos y las dependencias municipales aún hay pendientes e impunidad. Además, en la atención de la violencia política en razón de género hace falta agilizar las denuncias. 

Piden fortalecimiento de MP en materia de violencia de género

Así lo consideraron la presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, Ana Yurixi Leyva Piñón; y la consejera electoral, Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

Alertas de Género 

El 31 de julio de 2015 se decretó la alerta de género por feminicidio en Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

El 20 de septiembre de 2019, una segunda alerta por desaparición fue emitida para Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco Solidaridad.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 2015 al 2024 se han contabilizado los feminicidios de mil nueve mujeres mexiquenses, tan solo en enero de 2025 se presentaron siete casos.

Lo anterior implica que cada año se hayan asesinado de manera violenta a 101 mujeres, y al mes se presentan ocho casos.

Los años más violentos para las mujeres han sido 2021 y 2022, durante la pandemia, con 151 y 145 feminicidios respectivamente; en tanto, en 2023 la incidencia de dicho delito se redujo 30% y en 2024,18%.  

En tanto, 2015 y 2016 fueron los años con menor número de carpetas de investigación, 60 y 57 respectivamente. 

En materia de desaparición, la entidad registra un acumulado de 11 mil 777 personas ausentes, aunque de ellas 5 mil 57 son mujeres, y otros tres mil 821 son menores de edad, lo que lo ubica en primer lugar a nivel nacional en este problema, sólo detrás de Tamaulipas, Jalisco y Ciudad de México. 

La también diputada local del Partido del Trabajo (PT), Ana Yurixi Leyva Piñón admitió que a diez años de la detonación de las Alertas de Género sí hay avances para la protección de las mujeres, porque hicieron visibles errores del estado y robustecieron las áreas de atención de las mujeres como fiscalías especializadas, centros de justicia y refugios.

Destacó, no obstante, que al continuar presentándose denuncias y alza en las cifras en delitos de género, sigue existiendo impunidad en la resolución de los casos.

“Claro que las alertas sirvieron para tocar todos estos temas, insisto, medidas de seguridad, de prevención y justicia, claro, se armonizó todo un arco legal, la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia, la órdenes de protección”, indicó. 

Lamentó que aún hacen falta acciones y políticas, donde se debe escuchar a los colectivos y a los académicos. 

Capacitar al MP

Apuntó a que en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) hace falta redoblar los trabajos, sobre todo, en la capacitación a los Ministerios Públicos para la atención con perspectiva de género a las víctimas y sus familias, donde plantea que sean solo mujeres las que atiendan estos casos. 

Comentó que en un reciente foro de la materia en el Poder Judicial, los familiares de las víctimas de delitos, entre ellos de desaparición, exhibieron problemas de procuración de justicia, y derivado de ello harán mesas de trabajo con la institución, porque no hacen las investigaciones para detener a los culpables. 

Asimismo, lamentó que aún hace falta un banco de ADN, lo que complica también la búsqueda de los cuerpos de las víctimas. 

“Nos encontramos con Ministerios Públicos que tardan en el levantamiento de la carpeta de investigación y las afectadas son todavía revictimizadas, entonces creo que todo eso no se ha erradicado en la Fiscalía tenemos que ‘meter mano’ dura ahí”, indicó. 

Y añadió, “Insisto, creo que el tema de la violencia de género debe ser tratada, en exclusiva, por mujeres en los Ministerios Públicos porque son las más sensibles a estos temas, que nos escuchan y como mujeres nos entendemos”.

La legisladora cuestionó la actuación del fiscal general de justicia de la entidad, José Luis Cervantes Martínez, y las cifras que en materia de inseguridad ha presentado, por lo que, recordó, el PT ha pedido su destitución.

“Necesitamos en verdad revisar qué es lo que está sucediendo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, creo que ahí tenemos que enfocar nuestra visión, qué está sucediendo, por qué no avanzan las carpetas de investigación”, subrayó. 

Los municipios no muestran avances

Por otra parte, reclamó la crisis en algunos de los municipios con alertas de género por feminicidio y desaparición, en 2024 no ejercieron la totalidad de los recursos que les fueron entregados, 110 de los 260 millones de pesos previstos para dichos mecanismos. 

Resaltó los casos de Ecatepec e Ixtapaluca, que tuvieron nulos avances, además del incremento de casos en Chimalhuacán. Recordó que aquellos que para quienes hayan incumplido en la materia se había considerado aplicar una penalización con la reducción de recursos en 2025.

Se pronunció a favor de que la Semujeres realice un cambio en la distribución de los recursos y que el estado sea el que ejerza la totalidad de estos.

Leyva Piñón cuestionó que la Comisión de Búsqueda de Personas, no tenga titular y sólo exista un encargado de despacho, lo que habla de los vacíos en la ley. 

“La comisionada anterior renunció desde el pasado mes de junio, tenemos ocho meses sin una titular formal en la Comisión de Desaparición, entonces con ¿quién se acercan las familias que están buscando a sus familiares desaparecidos?”, expresó. 

Violencia política 

El tema de violencia de género el Estado de México reportó hasta este año, la inscripción de 19 personas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres. 

A nivel nacional el número de personas que integran dicho listado es de 451; de los cuales 91 son mujeres, y otros 360 son hombres. 

Los estados con mayor incidencia son Oaxaca con 144; Veracruz,45; Tabasco, 38; Campeche, 36; Chiapas, 27; Guanajuato,23; Puebla, 23; Estado de México, 19, y Chihuahua, 13. 

Para el caso de la entidad resaltó el caso de Rubén Islas Ramos, por violencia digital, psicológica y simbólica, en contra de la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez. 

Dicho actor ha declarado públicamente que no acatará la sanción, que implica una multa, disculpas públicas, medidas de no repetición, capacitación y sensibilización con lecturas y cursos de género y derechos humanos de las mujeres. 

Al respecto, la consejera electoral, Karina Ivonne Vaquera, reiteró la necesidad de revisar la ley para que se castigue la violencia política en razón de género, y erradicarla. 

Entre los principales desafíos, resaltó el impulso a la cultura de la denuncia, y que desde el primer contacto con la víctimas se realice un análisis de riesgo, para identificar los niveles que existen en cada caso y darles protección. 

Recordó que la violencia política en razón de género se expresa de distintas formas y en la actualidad esta conducta es difícil de demostrar, por lo que se debe incluir otros elementos que lleven a sancionar a los agresores.

PAT

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