Por un plan y acuerdo nacional por el agua integral y progresivo

En la antepasada entrega hicimos una primera revisión del “Acuerdo nacional por el Agua” y del “Plan Nacional Hídrico 2024-2030”, los cuáles contienen múltiples aciertos que aplaudimos, los participantes considerados son los correctos; como comentamos, es un programa ambicioso en infraestructura y mecanismos de participación para recuperación de volúmenes, entre otras acciones. Sin embargo, el éxito de este y otros instrumentos de planeación dependerá también de un planteamiento de las bases de un modelo de gestión.

Como punto esencial, hablamos de una corrección de la institucionalidad y gobernabilidad de los municipios en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, no tanto por el porcentaje de utilización respecto del total, que es cercano a 15%, sino por lo que representa para el bienestar de la población y por la consideración de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

Las inversiones y acciones que se realicen para el uso público urbano y doméstico se pueden ver comprometidas, ya que seguramente serán entregadas a los municipios para su operación y mantenimiento, y ante la falta de recursos económicos o técnicos pueden convertirse en infraestructura sin operación, como ya ha ocurrido en múltiples ocasiones.

Recordemos que el problema de la distribución con justicia social de agua es multifactorial, que pasa por los tres órdenes de gobierno y de la sociedad para su correcta gestión, y uno de los retos que no fueron planteados para el presente modelo y que es la gestión municipal ha resultado un fracaso, de ahí que se deba replantear.

Como hemos mencionado, el monto para inversión en agua es una condición necesaria pero no suficiente, no cuando el servicio público relacionado con el agua se presta con tantas carencias e ineficiencia, sin una visión de empresa pública, y que además debe asegurar sus propios recursos para ser sostenible, que sea capaz de formar funcionarios capacitados y poder mantenerlos bajo una carrera con posibilidades de desarrollo. Para mantener toda la infraestructura y programas necesarios, los municipios deben ser capaces de conformar algo muy diferente a como llevan a cabo la administración pública municipal.

Un verdadero cambio de modelo podría proponer el traspaso de la prestación de los servicios a una entidad estatal en su defecto, o a una empresa pública paraestatal similar a la Comisión Federal de Electricidad, al menos mientras estos adquieren mayores capacidades y su población adquiere un mayor nivel de bienestar.

Mención aparte merece la planeación de los usos, por ejemplo, en el sector agrícola, por supuesto que es necesario la tecnificación de riego para el campo, pero igual de importante definir nuestro modelo de producción agropecuario, qué producir, para qué, y dónde producir, siempre procurando el equilibrio entre lo que convenga exportar y lo que sea para el mercado interno.

En el documento están planteados otros puntos que son relevantes, pero que aún no están desarrollados en el detalle acerca del cómo se llevarán a cabo, dentro de estos puntos está el cómo asegurar la disponibilidad, combatir el uso ilegal del agua también requiere de múltiples acciones, la simplificación de trámites para qué nuevos proyectos, para el fomento del agua tratada se requiere saber para qué tipo de uso, quién debería invertir en ello y también requiere de fortalecer muchas capacidades institucionales, por último las campañas de concientización necesitan también de concientizar el valor social del agua y su importancia para la sostenibilidad del país.

Para todas éstas dudas, esperaremos lo que seguramente se detallará en el documento del Plan Nacional Hídrico, a la vez que conozcamos de un plan integral para el modelo de prestación de servicios relacionados con el agua y el plan de financiamiento respectivo.

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