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En el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 1 de diciembre se publicó el “Acuerdo de la Gobernadora del Estado de México por el que se expide el Programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de México 2025-2029”, el cual se sustenta en lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, en donde se establece que este programa “deberá ser elaborado por el Sistema Estatal (para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) y coordinado por el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de las Mujeres y es el mecanismo que contiene las acciones que en forma planeada y coordinada deberán realizar las dependencias, los organismos auxiliares y los organismos autónomos del Estado, en el corto, mediano y largo plazo”.
En los considerandos del Acuerdo se indica que para la integración del Programa “se llevaron a cabo siete foros o espacios participativos en cada una de las zonas consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo (del Estado de México 2023-2029): oriente, nororiente, centro, norte, Valle de Toluca, sur y sureste, quedando el documento estructurado por objetivos, estrategias y líneas de acción por eje resultado de materializar las opiniones y aportaciones en las mesas de trabajo de la diversidad territorial mexiquense”.
En el Programa después de un minucioso diagnóstico se estableció como prospectiva una visión integral de futuro de las mujeres del Estado de México que contempla los siguientes términos:
“Las mujeres, niñas y adolescentes —en toda su diversidad de edades, orientaciones sexuales, identidades de género, condiciones étnico-raciales, territoriales, socioeconómicas y con o sin discapacidad— viven con plena dignidad, libres de todas las formas de violencia, discriminación y exclusión.
Participan activamente, informadas y con autonomía en todos los espacios de decisión política, social, económica y comunitaria. Son escuchadas, representadas y valoradas en la construcción de una sociedad más justa, plural e incluyente.
Cuentan con acceso equitativo a oportunidades de empleo digno, emprendimiento, educación, salud integral y bienestar, reconociendo sus contextos específicos y necesidades diferenciadas.
Los trabajos de cuidados son socialmente visibilizados y compartidos corresponsablemente entre hombres y mujeres, instituciones y comunidades, a través de una red de servicios accesibles, incluyentes y con pertinencia cultural.
La salud —física, mental, sexual y emocional— se garantiza como un derecho, con servicios gratuitos, dignos y de calidad, sin estigmas ni barreras, especialmente para quienes han sido históricamente marginadas o viven en situación de vulnerabilidad.
En esta visión de futuro, las mujeres, niñas y adolescentes del Estado son sujetas plenas de derechos, libres para decidir sobre sus cuerpos, sus tiempos y sus vidas.
Caminan seguras por espacios públicos y privados que reconocen, protegen y celebran la diversidad.
Desde sus comunidades, territorios y realidades, todas son protagonistas de un presente transformador y un porvenir colectivo con igualdad sustantiva”.
Para concretar lo antes señalado se contemplan objetivos, estrategías y líneas de acción agrupadas en los ejes denominados: violencia y seguridad ciudadana, trabajo reproductivo y de cuidados, participación de las mujeres en la toma de decisiones, salud y bienestar, y autonomía económica.
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TAR
