Reforma fiscal para atender los temas de agua
Las necesidades de un país se entienden en relación con el tamaño de su población, sus necesidades sociales, culturales y económicas, que se suman a los aspectos geográficos y climáticos de su entorno.
Pero sin duda una de las grandes divisiones que se hacen a nivel internacional es si un país es capaz de garantizar una alta calidad de vida a su población, si es así se considera como un país desarrollado y si no, es subdesarrollado, y para esto, contar con finanzas públicas que garanticen un alto nivel de ingreso y gasto es imprescindible. México, ubicado como país subdesarrollado, tiene como característica un bajo nivel de ingresos con los cuales atender las necesidades de su población, se puede entender parte del problema cuando en México sólo el 30% de los trabajadores está sujeto a un impuesto al ingreso, mientras que la tasa de evasión del impuesto al valor agregado es del 19.43% de la recaudación potencial (CEPAL, 2015). Para agravar la situación, en comparación con los países miembros de la OCDE, donde los ingresos de los gobiernos locales (estados y municipios) son del 19 y 9% del PIB, México tiene 0.51 y 0.003%, respectivamente (INEGI, 2022). Por tanto, tenemos dos fenómenos, por un lado, tenemos un muy bajo nivel de impuestos directos (ISR), que son los recomendados para lograr una adecuada distribución de la riqueza y que cumple con el precepto de trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, y por otro lado un porcentaje muy alto de los indirectos (IVA), a pesar de la evasión.
En los países industrializados, los ingresos tributarios llegan a representar hasta el 60% del PIB, mientras que en México alcanzó apenas 17.8% en 2020 (SHCP), las comparaciones entre países son incómodas, pero útiles, siempre hay que considerar las diferencias en cuanto a estructuras fiscales, ingresos nacionales, distribución del ingreso y poder de compra relativo de los individuos. La estructura de recaudación tributaria mexicana recae en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) (7% del PIB), Impuesto al Valor Agregado (IVA) (3.85% del PIB) y los Impuestos Especiales sobre Productos y Servicios (IEPS) (1.85% del PIB), los impuestos de carácter ambiental apenas recaudan cantidades simbólicas y se califican en algunas ocasiones como regresivos.
Esto conforma una visión general acerca de los ingresos que puede obtener la administración pública para atender las diversas y múltiples necesidades y problemáticas de un país como México, ello dependerá de la visión de Estado, pero lo que es cierto, es que los requerimientos siempre superarán los recursos disponibles, pero también es verdad que una adecuada estructura tributaria puede ser un instrumento poderoso para transitar hacia un país con menos desigualdades y en pro de una mejor calidad de vida y bienestar.
Sólo de esa forma, se podrá contar con los recursos económicos necesarios para invertir en el gran rezago en infraestructura hídrica y la gestión de esta, sólo así se podrá atender sin descuidar otras tantas necesidades como es la educación, salud, comunicaciones y transportes, alimentos, seguridad pública y tantos otros etcéteras.
Por todo lo anterior, en algún momento se tendrá que pensar seriamente en una reforma fiscal, acorde a nuestra realidad, un modelo de desarrollo y a nuestra visión de país, de otra forma la “cobija” nunca será suficiente para cubrir las necesidades, e incluso puede dar pie a soluciones tomadas por la premura de la falta de recursos que no serían los deseables.
