Revocación
El tema de la consulta ciudadana, que se llevará a cabo el año próximo para revocar (o ratificar) al presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en todo un galimatías. Para empezar, la ratificación de mandato no existe en la Constitución Política de nuestro país.
El consejero electoral Ciro Murayama ha señalado en reiteradas ocasiones que esa figura legal no existe en el marco legal constitucional y que, en consecuencia, quien utiliza el término sólo busca engañar a la gente.
Todo tiene que ver con la instalación de mesas receptoras de firmas que militantes de Morena y algunos servidores de la nación han instalado en diversos puntos de la geografía nacional, pero utilizando el término ratificación y no el de “revocación”.
Una definición básica advierte que revocación es la anulación o cancelación de un acto anterior de la Administración Pública. La revocación cancela la eficacia jurídica de un acto o fallo. También es revocación, la anulación de una sentencia por parte de otro tribunal distinto del que la dictó.
La revocación del mandato que, curiosamente es impulsada por el propio presidente de la República e impugnada por sus opositores, es un tema que López Obrador trae desde sus campañas electoral y que le ha servido para mantenerse en esta que parece ser una campaña permanente.
El artículo 35 de la Constitución sólo habla de revocación del mandato presidencial por pérdida de confianza de la ciudadanía. En consecuencia, el Congreso de la unión aprobó una ley reglamentaria para la revocación del mandato y el Consejo General del Instituto Electoral aprobó los lineamientos para ello.
El cambio de la palabra ratificación por revocación es muestra evidente del espíritu que anima al presidente de la República. Él quiere ser ratificado en el cargo, aunque para fines prácticos el hecho de que la gente vote a favor o en contra de la revocación es lo mismo.
Al margen de las definiciones, la consulta en este momento está entrampada porque el Congreso federal le redujo, en más de 4 mil millones de pesos, el presupuesto solicitado por el INE y ese dinero que le quitaron es justamente el que necesitará para hacer la consulta.
Los diputados de Morena, haciéndose eco del Presidente, advirtieron que los recursos necesarios para la consulta los puede sacar el INE de la reducción de salarios de los consejeros y trabajadores, así como de los fideicomisos del propio árbitro electoral.
La respuesta de Lorenzo Córdova, presidente del INE, fue entablar una controversia constitucional ante la Corte contra la determinación legislativa de reducir el presupuesto al INE.
La amenaza es implícita, si el INE no cuenta con los recursos suficientes, no emitirá la convocatoria para la realización de la consulta, cuya organización es muy similar a la de unas elecciones federales. Requiere instalar 162 mil casillas y visitar 12 millones de ciudadanos y capacitar a 5 por casilla, sólo para eso se requieren al menos 2 mil 500 millones de pesos.
La consulta de revocación o ratificación del mandato pende de un hilo. Si los legisladores no ceden, no habrá consulta, así de sencillo.
ASME
