¿Sin ilegalidad y violencia en la competencia?

Las precampañas electorales finalizaron el pasado 11 de febrero en Texcoco, con la declaración de victoria de ambas precandidatas. Aunque las dos hicieron un balance positivo de sus actividades, en sus andanzas realizaron acciones que su contraparte juzgó ilegales. Esa es la razón por la que, según lo publicado por este diario el 13 de febrero, esa etapa concluyó con 48 quejas relacionadas con el proceso electoral. A pesar de eso, el IEEM consideró que los partidos y las precandidatas habían cumplido con lo que marca la ley. Todavía más, la consejera Karina Vaquera afirmó que no hubo actos de violencia o hechos (ella dijo temas) de especial atención en esta fase.

Según esta fuente, la precandidata de Morena, Delfina Gómez, es la que más quejas tiene en su contra (17) por 14 de la precandidata del PRI, Alejandra del Moral. La mayor parte de las presentadas tienen que ver con actos anticipados de campaña, propaganda, gastos de precampaña, y uso de logotipos y emblemas de los contendientes. Además, el 17 de febrero se conoció que también se presentaron cuatro denuncias por violencia política de género.

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A pesar de tener menos quejas en su contra, el 15 de febrero trascendió que al menos una de las presentadas en contra de la priista Alejandra del Moral sería grave. Se le acusa de llevar a menores de edad a un mitin de precampaña en Metepec, la cual legalmente solo estaba dirigida a militantes de partido. Por ese hecho no podían asistir quienes carecen de esa condición. En consecuencia, podrían configurarse actos anticipados de campaña y otros delitos en contra de los derechos de los adolescentes.

Por esa razón resulta sorprendente que tanto el IEEM como la consejera Vaquera afirmen que se acató la ley y que no hubo violencia o hechos trascendentes durante el periodo de precampañas. Sobre todo, porque fueron muy evidentes los excesos de gasto y propaganda cometidos durante esta etapa, lo cual podría traducirse en violaciones a la ley. De ser cierto, estarían prejuzgando y las autoridades electorales no pueden hacerlo. Eso los incapacitaría para resolverlo legalmente. 

Esto no es sorprendente en suelo mexiquense. Desde la década de 1920 ha sido tradicional realizar elecciones de Estado. Primero a través del Partido Socialista del Trabajo; después a través del PNR-PRM-PRI. Esos partidos siempre pasaron por encima de la ley y de sus oponentes. Al inicio encabezados por los hermanos Abundio y Filiberto Gómez; después por Isidro Fabela y demás miembros del grupo Atlacomulco. Algunas de las evidencias están en Historia de los partidos en el Estado de México, editado por el IEEM.

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En cuanto a la violencia que Karina Vaquera niega, ésta tiene un carácter estructural. Está presente hasta en las sesiones de los consejos generales y distritales. Hace poco ella misma la sufrió a manos de un golpeador a sueldo, Efrén Ortiz, que ahora sirve al PRI y antes sirvió a Morena. Su método siempre ha sido infundir miedo entre las consejerías para conseguir diversos fines. Ha seguido la escuela de otros representantes acostumbrados a la fuerza para imponerse y no a la razón para convencer.

A pesar de eso, el discurso oficial sigue siendo “aquí no pasa nada”. Es claro que el acuerdo de integridad electoral recién firmado solo sirvió para la foto. Afirmar lo contrario es persistir en el autoengaño institucional y personal de varios miembros del IEEM, que prefieren cerrar los ojos o voltear hacia otro lado para eludir la realidad.

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DMM