Sin titubeos

En la última semana se puso sobre el escritorio el tema de los gobiernos de coalición, que ya está inscrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e inclusive en la Constitución particular del Estado de México, pero no se ha puesto en práctica, a pesar de que tanto Andrés Manuel López Obrador como Alfredo Del Mazo Maza llegaron al poder apoyados por una coalición partidista.

Andrés Manuel ganó la Presidencia de la República con el apoyo del Movimiento de Regeneración Nacional, partido político que él fundó, El Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Alfredo Del Mazo ganó en 2017 con los votos que le entregaron al PRI el Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social.

Pese a ello, ninguno de los gobernantes incluyó en su gabinete a políticos de los partidos que los apoyaron y decidieron formar su equipo solo con personas allegadas a ellos.

Vale recordar que una de las reformas estructurales en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue la relacionada con el tema político-electoral, mediante la cual se facultó al presidente de la República para que, en cualquier momento, opte por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

En ese caso, el gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, que deberán ser aprobados por mayoría de los miembros de la Cámara de Senadores y en el convenio se establecerán las causas de su disolución.

Hay que recordar que un gobierno de coalición, en el marco de la democracia constitucional, es aquel integrado por dos o más fuerzas políticas que a su vez suman a una pluralidad políticas ya existentes en regímenes determinados y que pueden ser constituidos de manera formar, informal o incluso cuando se integran por diversas corrientes de una misma fuerza política que cuenta con la mayoría en el Congreso.

En el curso de la semana, la diputada priista Ana Lilia Herrera Anzaldo, presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso federal, para legislar sobre esta figura política y establecer reglas claras para su funcionamiento y operatividad, desde la firma del convenio al establecer las coaliciones electorales, hasta su desarrollo en el gobierno.

Es evidente que en México no existe la voluntad política entre los actores para establecer esa figura y a eso se debe que le hayan hecho el vacío a la propuesta de la priista.

Porque, como lo dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura local, Maurilio Hernández González, “los gobiernos de coalición usualmente son resultado de un régimen parlamentario cuando, de acuerdo a la composición que hay en el Congreso, se determina la integración de un gobierno de esa naturaleza, pero estamos en un régimen presidencialista”.

Aclaró que los diputados mexiquenses no pueden tomar un acuerdo para crear una ley que constitucionalmente tendría una controversia, tal y como la pretende el PRD, en su coalición con el PRI y el PAN, pero el acuerdo que puedan tomar, los partidos que vayan en coalición, lo deben hacer en el terreno de lo político.

Así que, en México, está figura es algo que no veremos pronto, aunque en los hechos ya se ha avanzado, pues Ernesto Zedillo tuvo a un procurador general de la República panista y Enrique Peña Nieto a funcionarios del Verde Ecologista, sin que mediara ningún tipo de acuerdo o convenio de carácter legal.