Sobre el informe preliminar de la OEA

El informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la elección judicial en México, que concluye con la recomendación de no replicar el modelo en otros países, claramente excede su mandato y contraviene el artículo 3(e) de la Carta de la OEA, el cual establece el derecho de cada Estado a elegir su sistema político sin injerencias externas.

México, como Estado soberano, tiene la facultad de diseñar su sistema judicial conforme a su contexto histórico y necesidades sociales. En el caso, la elección judicial responde a una reforma constitucional que refleja la voluntad popular de contar con un sistema de justicia más transparente, democrático y con rendición de cuentas. Cuestionar este modelo es deslegitimar un proceso político interno.

El informe pone en duda la legitimidad democrática  de la elección debido a la baja participación registrada (13%). Sin embargo, dicha crítica está descontextualizada, al desconocer que la elección judicial fue un proceso inédito, por lo que fue la falta de familiaridad del electorado con este tipo de comicios lo que explica la baja afluencia, no necesariamente un rechazo al modelo. Comparar la participación con elecciones generales es inadecuado, ya que las elecciones judiciales no movilizan a la población de la misma manera. En otros países, como Estados Unidos, las elecciones judiciales locales también tienen participaciones bajas.

En otro aspecto, la OEA critica la falta de exámenes estandarizados para evaluar la idoneidad de los candidatos, así como los plazos acotados para la evaluación y las campañas, sin advertir que dichos plazos respondieron a la necesidad de implementar una reforma urgente, aprobada en septiembre de 2024, de manera que no son objeciones válidas al modelo en su conjunto. En todo caso, cualquier mejora debe surgir de un diálogo interno, no de presiones externas.

En cuanto al uso cuestionable de “acordeones” (listados de candidatos recomendados), la OEA olvida que el sistema mexicano cuenta con mecanismos de justicia electoral para abordar irregularidades; tan es así que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ya está investigando estas denuncias.

Finalmente, la polarización destacada por la OEA es un fenómeno político natural en un proceso de reforma estructural. La polarización refleja un debate democrático vigoroso, no una debilidad inherente al sistema.

Al recomendar no replicar el modelo, la OEA no ofrece un análisis comparativo que demuestre por qué otros sistemas son superiores. La reforma judicial responde a una demanda histórica de combatir la corrupción y la impunidad, así como democratizar un sistema percibido como elitista, lo cual la OEA no considera en su análisis, lo que le resta rigor a su postura y lo hace parecer un ejercicio más bien sesgado y parcial.

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MPH