Subsidiar o no subsidiar el consumo de agua
Cuando de subsidiar el agua en México se trata, la discusión se torna amplia y difícil. Son muchos los aspectos a considerar.
Recordemos que el agua es un elemento de la naturaleza transversal, que tiene su componente principal en el consumo personal para nuestra existencia; pero también un valor inconmensurable para el equilibrio ecológico, así como, para el resto de actividades humanas.
En 2012, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se promulgó el derecho humano al agua. La importancia: garantizar que por ser humanos se tenga acceso.
Sin embargo, una palabra hizo que se matizara el asunto, me refiero a “asequible”. Las Naciones Unidas, responsables de la determinación de lo que significa este derecho, describió la palabra como la capacidad de cualquier persona para pagar por el servicio del líquido. También, se determinó que, en conjunto, una familia no debería destinar más del 5% del ingreso total de todos los integrantes de un hogar para el pago por los servicios relacionados con el agua.
Dado que en nuestro país, existe un gran diferencial en ingresos, los prestadores de los servicios tienen el reto enorme de determinar un sistema tarifario que contempla esta diferencia. Una familia que cuente con ingresos totales esporádicos y mínimos, podría pagar 5% de casi nada, lo que requiere de un nivel de subsidio alto. Y para las familias con ingresos altos, ese porcentaje podría significar un monto más que importante.
Hasta aquí es claro que una estructura tarifaria debe contemplar el subsidio para los hogares que así lo requieran, de forma que se garantice sus derechos humanos al agua y al saneamiento y, para todos los usuarios de cualquier ingreso, sumar que el servicio sea continuo, de calidad, suficiente; para que sus derechos estén garantizados.
En México, el modelo de gestión actual prevé que las instituciones encargadas de prestar el servicio, puedan hacerse llegar de sus propios ingresos, vía las cuotas y tarifas que cobran, y que bajo una estructura adecuada, se cobre lo suficiente y justo a quién lo puede pagar y que se cobre poco o nada a quien no pueda, pero en la realidad, y ante la falta de estudios tarifarios adecuados, es que se subsidie, a casi todos, y más del 98% de los organismos de agua no cubren ni siquiera sus costos con el total de su recaudación.
Por supuesto que existen ciudades que, aún bajo esta premisa, no recaudarían el monto suficiente, ya que es un servicio que requiere grandes inversiones monetarias; aunque, es un hecho que, como sociedad, no hemos sido conscientes del valor social del agua, todo derecho trae consigo una responsabilidad, y esta tampoco es la excepción, me refiero a todos los sectores. Sii una familia vive en una zona con escasez y sequía, debería estar dispuesta a pagar un monto mayor, pero también, su prestador debe garantizar que ha hecho lo necesario para brindar un buen servicio. Cuándo los responsables de diseñar y aprobar las tarifas deciden no cobrar lo suficiente a quién sí puede pagar, demuestra una evidente desvalorización de este elemento natural; y cuando se decide subsidiar sin compensar con tarifas más altas que el costo de producción a ciertos usuarios, sin trasladar los recursos subsidiados por la autoridad que los aprueba, estamos ante el mismo caso.
Punto y aparte merece el tema del valor social y la disposición de pagar lo justo. La Ciudad de México vive una situación de sequía y escasez, entre otros problemas, mientras que hay zonas identificadas con ingresos altos que están siendo subsidiados en sus tarifas y, por otro lado, ¿un hogar con un consumo responsable, se debe incentivar con tarifas bajas, a pesar de que tenga ingresos altos?
Es digno de debate, pero mi opinión es que el incentivo debe provenir de altas tarifas a consumos irresponsables.
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